Jueces piden fijar la responsabilidad del Estado cuando haya negligencia con víctimas de violencia machista

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes 13 de marzo en un comunicado, en el que ha criticado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, después de que, "recurriendo a la demagogia", propusiera que los maltratadores condenados con una sentencia firme ingresen en prisión "de forma inmediata".

Jueces para la Democracia recuerda que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia domestica, acordado en 2011 y ratificado por España en 2014, "supone el compromiso de llevar a cabo políticas globales y coordinadas para que los Estados actúen con la diligencia debida con el fin de prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia incluidos en su ámbito de aplicación".

En este sentido, la asociación ha destacado que "no sólo es precisa la adopción de medidas legislativas si fueran necesarias, sino también la dedicación de recursos financieros y humanos adecuados para la aplicación de la ley".

Según ha indicado, son "numerosos" los tipos penales que en el Código Penal recogen ya las actuaciones que el Convenio "considera susceptibles de sanción penal", y también la regulación de las medidas cautelares resulta "suficiente" en el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, su efectividad es otra cuestión, como indica la asociación.

"Su efectividad depende en ocasiones de medidas que no son directamente de naturaleza penal, pero de las que depende la eficacia del sistema, que están contempladas en la Ley Integral contra la violencia de género pero que todavía no se aplican, en numerosas ocasiones por falta de medios económicos, como la asistencia jurídica, ayudas sociales que posibiliten los medios económicos imprescindibles para las denunciantes, atención psicológica, medios policiales, planta judicial adecuada para la atención de la instrucción, enjuiciamiento y ejecución, dotación de las oficinas de atención a la víctima etc", ha matizado la asociación.

Jueces para la Democracia ha criticado que "en los últimos seis años el Gobierno del Partido Popular ha recortado un 26% del presupuesto destinado a la prevención de la violencia de género" y ha hecho hincapié en que considera "imprescindible el compromiso de efectuar una adecuada dotación presupuestariamente con este fin".

Por otra parte, ha señalado que la Ley Integral contra la violencia de género debe ampliar su ámbito a aquellos delitos que constituyen violencia contra las mujeres y están recogidos en el citado Convenio, "para incluir así todas las medidas de sensibilización, prevención, detección, enjuiciamiento y reparación en estos ilícitos que no se encuentran contemplados en el texto legal, por no constituir violencia entre parejas ni exparejas y ser ajenos al ámbito doméstico; por ejemplo violaciones, acoso laboral, etc".