Investigan al padre granadino de 30 hijos por supuestos abusos sexuales a tres de ellas

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las diligencias fueron abiertas en el año 2017 a raíz de que una de las hijas dio a conocer su situación en el colegio donde estaba escolarizada.

Tras un informe de credibilidad realizado por la Fundación Márgenes y Vínculos, el Juzgado y la Fiscalía le tomaron declaración, explicando la menor "los presuntos abusos sufridos así como otras situaciones de maltrato", y mencionando los casos de otras dos hermanas menores que "estarían también siendo objeto de un comportamiento similar por parte de su padre".

Las dos hermanas están pendientes de que la citada fundación realice el pertinente informe de credibilidad y, de cumplir con los requisitos exigidos, se les tomará declaración igualmente.

Mientras tanto, los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía se han hecho cargo de las tres hermanas y el Juzgado ha decretado una orden de protección respecto del padre que está actualmente en vigor.

El TSJA ha detallado que el padre de Marchal negó los hechos en una delcaración ante el juez y que se encuentra en libertad provisional investigado por supuestos abusos sexuales.

Fuentes del Ministerio Público detallaron a Europa Press, por su parte, que Fiscalía de Menores ha trabajado con la Junta en los últimos años en los trámites que han concluido en la retirada de la tutela de 11 de sus hijos, en un tipo de seguimiento en el que también intervienen los Servicios Sociales de los ayuntamientos.

La intervención de la Junta se produjo durante la mañana del pasado martes en este municipio de unos 400 habitantes con el apoyo de la Guardia Civil, que ha atendido el requerimiento de la Fiscalía y desplegó un dispositivo en la zona para dar protección a los trabajadores sociales que acudieron hasta allí para realizar su labor.

Aunque desde la Junta no se han ofrecido detalles de este caso concreto, el jefe del Servicio de Protección de Menores de la Junta en Granada, José Antonio Puerta, relató a Europa Press que el Gobierno andaluz sólo actúa cuando hay acreditada "una situación de desamparo" y los informes con los que se cuentan evidencian que no se está "atendiendo adecuadamente" a los niños y en consecuencia "peligra su integridad".

En esos momentos se declara el desamparo, se produce la asunción de la tutela por parte de la Junta de Andalucía y la suspensión de la patria potestad, aunque este paso no es definitivo.

La pretensión siempre es trabajar para intentar que se solvente la situación que ha provocado este desenlace y que los menores puedan volver a su ambiente familiar, en la línea de lo que marca la normativa y por estar considerado lo más adecuado para su desarrollo.

Si finalmente no se consigue, se promueve el acogimiento dentro de la familia de los menores afectados; y si no es posible, en una familia ajena que sea considerada idónea por la Junta u otras alternativas.

Este vecino de Marchal se dio a conocer hace unos años en televisión por tener 30 hijos y cuatro esposas y llegó a reconocer durante el reportaje, consultado por Europa Press, que nunca había trabajado.