La Guardia Urbana de Barcelona impedirá desalojos privados a okupas sin permiso judicial

El procedimiento prevé que la Policía Municipal evite los desalojos en los que compruebe que hay personas desalojadas contra su voluntad por cualquier procedimiento no ajustado a derecho, "evitando cualquier tipo de desalojo, cierre de puertas y cambio de cerrojo", ha publicado El Mundo.

El procedimiento operativo, firmado por el jefe del cuerpo municipal, Evelio Vázquez, también prevé que se informe a las partes de la forma correcta de llevar a cabo un desalojo --iniciando el trámite o denuncia ante la autoridad judicial por usurpación-- y se hará una comparecencia por si pueden derivarse responsabilidades penales.

Según el documento, este procedimiento operativo busca dar respuesta coordinada ante posibles prácticas coactivas o no ajustadas a derecho por parte de particulares o empresas para ejecutar un desalojo de viviendas o fincas por la vía extrajudicial, en alusión a empresas como Desokupa que actúa en ocupaciones ilegales.

Ante estas situaciones, cuando se haga un requerimiento a través de la Sala conjunta de mando (SCC), el operador de la Guardia Urbana creará un incidente por amenazas y/o coacciones y lo transferirá a los Mossos d'Esquadra a quien corresponde este tipo de servicios.

Si el operador constata que el incidente no lo puede atender la policía catalana por falta de recursos, asignará una dotación de la Urbana hasta que el incidente pueda ser traspasado.

Cuando se haga una petición directa a la Urbana, y mientras lleguen los Mossos, la patrulla de la policía barcelonesa que acuda al lugar del desalojo deberá realizar las primeras actuaciones.

Entre ellas están recabar información y valorar la conflictividad potencial de la situación, identificar a los implicados en el desalojo --los desalojados y los autores del desalojo-- y valorar si se han realizado coacciones y observar si el personal de la empresa que lleva a cabo el desalojo tiene la licencia necesaria.

Asimismo, la Urbana deberá identificar a los testigos, garantizar la seguridad, evitar enfrentamientos entre personas en espacios públicos, valorar si es necesaria la presencia de los servicios sociales o la Oficina de emergencias sociales, y reclamar si es necesario un refuerzo policial.