Greenpeace pide protocolos para que no vuelvan a suceder "despropósitos" como el de Castor

Según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén submarino de gas, situado frente a las costas de Castellón, es "uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público" que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en "energías sucias".

Así, la organización ecologista subraya que la empresa constructora del proyecto, ACS, recibió 1.350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. "Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4.400 millones de euros", recalca para añadir que con esta suma se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio o conceder 11 millones de becas de comedor escolar.

La organización añade que en abril de 2015 el Parlamento Europeo solicitó al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago.

"Es necesario desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas, y para ello hay que revisar los procesos de evaluación de impacto ambiental con exhaustividad", ha advertido