Greenpeace denuncia que España sigue inclumpliendo la normativa europea en 17 núcleos urbanos

Además, con motivo del Día Mundial del Agua, ha destacado que la contaminación del agua es el factor que más influye en la pérdida de recursos hídricos en España y que no se están tomando medidas para evitar los efectos de las sequías que aumentarán por el cambio climático.

El lema del Día Mundial del Agua de 2016 'Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua?' con el objetivo de poder mejor la calidad del agua, reducir la contaminación, eliminar los vertidos y minimizar la liberación de productos químicos y materiales peligrosos.

Sin embargo, a pesar de esta declaración de buenas intenciones, Greenpeace recuerda que España sigue sin cumplir con las Directivas europeas a este respecto por lo que el Tribunal de Justicia de la UE podría sancionar a España por incumplir por incumplir la normativa en 17 núcleos urbanos de Asturias, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, lo que podría suponer una multa de 46,5 millones de euros. La Comisión Europea propone también que si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha que dice el alto tribunal se establezca una sanción diaria de 171.217 euros.

El responsable de la campaña de agua de Greenpeace, Julio Barea, ha dicho que la contaminación del agua es el factor que más influye en la pérdida de recursos hídricos. "Incluso basando la gestión hidrológica en un política de oferta ilimitada, la lucha contra la contaminación permitiría aumentar en mayor medida la disponibilidad de agua que seguir con la construcción de nuevos embalses o trasvases", ha manifestado.

En cuanto a las aguas subterráneas, Greenpeace denuncia que tampoco se libran de la contaminación y aunque los acuíferos pueden almacenar hasta seis veces más agua dulce que todos los embalses juntos (cerca de 1.300), sin embargo, la contaminación procedente principalmente de la agricultura, la ganadería industrial y la sobreexplotación ponen en serio riesgo estas reservas para el futuro.

En ese sentido, recuerda que todavía está por resolver por las administraciones los planes para cerrar los más de 500.000 pozos ilegales reconocidos, que están esquilmando y contaminando nuestras aguas subterráneas.

En este contexto, alerta de que el nuevo pacto del agua, bajo la premisa de solidaridad y reparto territorial del agua es "una apuesta clara por nuevos embalses y retomar la política de trasvases como el del Ebro y de paso promover nuevos desde el Tajo, el Duero o el Guadiana, lo que "ancla" a España en una política hídrica propia del siglo pasado y que se aleja de las prioridades europeas y de la realidad del cambio climático.