Greenpeace denuncia que la madera de la selva amazónica "manchada de sangre" llega a EEUU, Japón y a la UE

En su informe 'Madera manchada de sangre: violencia y robo de madera amazónica', la ONG denuncia que estos países importaron madera del municipio de Colniza, en el estado de Mato Grosso, después de la matanza en la que fallecieron 19 personas y según el análisis, estos asesinatos fueron motivados por la "codicia de los madereros" interesados en los recursos de la zona que incluyen especie de alto valor comercial como ipê, jatobá o massaranduba, maderas ampliamente utilizadas en la fabricación de mobiliario, suelos y muebles de jardín.

El acusado de ordenar estos asesinatos, Valdelir João de Souza, es exportador de maderas y dispone de dos aserraderos: Madeireira Cedroarana (Estado de Rondônia) y G.A. Madeiras (Mato Grosso), uno de ellos responsable del plan de manejo forestal localizado próximo al lugar de la masacre.

Así, la investigación de la ONG concluye que entre el 15 de mayo y finales de septiembre se realizaron al menos once envíos de madera a Estados unidos y otros dos a Francia y Bélgica con madera del aserradero Cedroarana. Entre 2016 y 2017 la empresa exportó más de 4.000 metros cúbicos de madera a Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Italia, Bélgica, Estados Unidos y Japón.

De Souza, propietario de los aserraderos está huido de la justicia mientras su empresa procesa madera a diario y la vende sin problema en los mercados nacionales e internacionales. Desde 2007 la empresa acumula multas impagadas por un importe de 150.000 euros por almacenar y comercializar madera ilegal.

El portavoz de Greenpeace en el Amazonas, Rómulo Batista, ha denunciado la "impunidad" en este tipo de crímenes así como la "falta de seriedad" del Gobierno de Brasil en la lucha contra la tala ilegal, por lo que advierte que es "imposible confiar" en el origen de la madera brasileña porque la cadena está "totalmente contaminada" con escenarios de violencia y sangre.

El estudio de la ONG muestra el "fraude masivo" en la autorización forestal brasileña y la falta de vigilancia y seguimiento sobre la madera, lo que alimenta la violencia en áreas rurales.

De hecho, asegura que la mayoría de la madera ilegal procede de áreas donde no está permitida la tala de madera, como áreas protegidas, territorios indígenas y tierras públicas, y esto es precisamente lo que genera la violencia relacionada con la explotación forestal en las zonas rurales.

El informe plantea también varias demandas al Gobierno de Brasil y a los estados amazónicos de Pará, Rondônia y Mato Grosso para que Brasil mejore su gobernanza y su sistema de aplicación para garantizar que la madera amazónica sea extraída solo de acuerdo con las leyes vigentes y con pleno respeto de los derechos legales de los pueblos tradicionales en relación con el uso y la posesión de los bosques.

En este contexto, el portavoz de bosques de Greenpeace España, Miguel Angel Soto, ha lamentado que mientras sea legal la venta de "madera manchada de sangre, las personas que están en primera línea del frente de la protección de los bosques continuarán sufriendo las consecuencias directas de la violencia".

Respecto a España, ha urgido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a aplicar de una vez el Real Decreto 1088/2015 que debería asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos derivados.