Greenpeace alerta del peligro para el abastecimiento futuro que genera el robo de agua en pozos ilegales

Así, la ONG denuncia la sobrexplotación ilegal e indiscriminada del agua para regadíos y desarrollo urbanístico ha provocado la proliferación de pozos ilegales, hasta alcanzar en torno a un millón, que contribuyen a agravar la sequía. Además, lamenta también la falta de transparencia de la administración que ayuda a mantener la situación de impunidad.

En este contexto, señala que los últimos datos públicos son de 2006, cuando el Gobierno admitió la existencia de 510.000 pozos ilegales con los que se podría llegar a extraer hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, es decir, el consumo medio de 58 millones de habitantes (más que la población española).

Greenpece advierte de que esto supondría que la mitad del agua que se bombea de los acuíferos se extrae al margen de la legalidad y estima que en la actualidad puede haber hasta un millón de pozos ilegales.

Por ello, la ONG solicita la colaboración ciudadana y de profesionales que tengan información para iniciar una investigación sobre los pozos ilegales mediante su plataforma de denuncias y filtraciones on-line.

El portavoz de Greenpeace, Julio Barea, ha explicado que "ante la falta de transparencia" del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es preciso el "apoyo de la sociedad para acabar con estas prácticas irregulares" que ponen en peligro el abastecimiento futuro.

"Hay muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen acceso a información relevante para esta investigación. Se trata de colaborar entre toda la ciudadanía para no poner en riesgo un bien común y tan necesario como el agua", ha asegurado.

En este contexto, la ONG recuerda que a pesar de las lluvias de las últimas semanas la sequía aún persiste en España, donde los niveles previos de agua en los embalses eran tan escasos que aún siguen por debajo de la media de los últimos diez años.

Asimismo, añade que el 75 por ciento del territorio español es susceptible de sufrir desertificación y, sin embargo, la sobrexplotación "ilegal e indiscriminada" del agua para regadíos y desarrollo urbanístico ha provocado la proliferación de pozos y sondeos ilegales.

Barea recuerda que la extracción ilegal es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión. "Necesitamos que las autoridades competentes cuenten con los recursos necesarios para perseguir uno de los delitos medioambientales que más se comete en España. De no ser así, en época de sequía puede haber un efecto llamada que agrave la situación", ha insistido.