Greenpeace pide al Gobierno que dote de más recursos a Fiscalías de Medio Ambiente para investigar causas de incendios

Esta es una de las "soluciones" que la organización ecologista propone para "uno de los problemas ambientales más importantes" de España, los incendios forestales.

Greenpeace recuerda que, según los datos oficiales del Ministerio de Alimentación, Pesca, Agricultura y Medio Ambiente (MAPAMA), el 2017 está siendo el tercer peor año del último decenio, con casi 101.000 hectáreas quemadas, 11.600 incendios de los cuales 22 han tenido dimensiones superiores a 500 hectáreas. Esto confirma, para la entidad, que se rompe la tendencia de mejora de los últimos años.

Asimismo, sugiere establecer una política de prevención de incendios forestales que sea adaptativa al cambio climático. También exige a las administraciones que realicen campañas de sensibilización a la población, así como de información sobre la elaboración de planes de autoprotección de las viviendas y urbanizaciones, y que fomenten alternativas al uso cultural del fuego. Además, pide que se eviten las construcciones diseminadas en el medio rural y que se realicen planes de recuperación de zonas incendiadas.

Tal y como recuerda Greenpeace, durante este 2017, ha habido un incremento en el número de incendios, grandes incendios y superficie afectada con respecto a la media del último decenio (2007-2017): un 22,7% más de grandes incendios forestales (GIF); un 26,4% más de superficie afectada; y un 10,4% más de incendios.

En este balance, que la entidad ha realizado con motivo del próximo cierre de las campañas de extinción de incendios forestales en muchas comunidades autónomas, la organización destaca que en los 22 GIF que se han producido este año, se han quemado casi 40.000 hectáreas, lo que representa el 39% de la superficie quemada total. Los dos más devastadores fueron el ocurrido en Encinedo (Cabrera, León) y el de Moguer (Huelva), que pasan a formar parte de la lista de los incendios más graves de los últimos años.

Según este análisis, también se confirma que las comunidades más afectadas han sido Castilla León, con casi 17.000 hectáreas quemadas, y Andalucía, con casi 11.000 hectáreas. Por número de incendios, el noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi y las provincias de León y Zamora) siguen sufriendo más de la mitad de los incendios producidos en todo el territorio nacional.

CAMBIO CLIMÁTICO

Greenpeace indica que el cambio climático está cambiando la tipología de los incendios aumentando su frecuencia e intensidad, escapando a los esfuerzos de los equipos de extinción. Los bosques se encuentran en una situación vulnerable frente a perturbaciones como el fuego, las plagas y enfermedades debido a las altas temperaturas y falta de precipitaciones. De hecho, recuerda que 2017 es uno de los años más calurosos desde que se tienen registros.

Así, para proteger los bosques, la organización considera "fundamental" la lucha contra el cambio climático. Para ello, cree necesario desarrollar modelos de selvicultura que tengan en cuenta la variable del cambio climático para gestionar el monte español teniendo en cuenta el calentamiento global al que se enfrenta el país y, en general, todo el planeta.

"Como advertía la comunidad científica, la frecuencia y virulencia de los incendios forestales aumentará durante el presente siglo como consecuencia del cambio climático", declara la portavoz de Greenpeace, Mónica Parrilla de Diego.

"Si, además, sumamos que se mantiene la alta siniestralidad y los factores estructurales del monte español, abandono y falta de gestión forestal, tenemos el cóctel perfecto para años como el actual", añade la responsable de la organización, que considera "fundamental" que se conciencie "de lo mucho que queda por hacer", pero no sólo a las administraciones, sino también a la población.

Por eso, para evitar los incendios forestales, Greenpeace también se dirige a la población, a la que aconseja extremar las precauciones, no encender fuego en el monte, colaborar para identificar a las personas responsables de la producción de incendios, y asumir el riesgo de incendio en el medio rural, elaborando planes de autoprotección en sus viviendas y urbanizaciones.