El Gobierno veta la tramitación de del Estatuto del bombero forestal de Podemos alegando que costaría 8.300 millones

La iniciativa morada, que fue registrada en el Congreso el pasado 31 de enero, buscaba reconocer la peligrosidad que a diario viven los profesionales que trabajan en este sector en todo el país. En concreto, el texto incluye la toxicidad y penosidad del trabajo, las enfermedades profesionales y la anticipación de la edad de jubilación, entre otra peticiones realizadas por el propio colectivo.

En concreto, la ley pide esta anticipación de la jubilación "mediante el reconocimiento de su actividad como profesión sometida a un índice excepcional de peligrosidad, toxicidad y penalidad", un planteamiento por el que, según explica el Ejecutivo, "no se puede acudir a las fuentes estadísticas habituales que utilizan las tablas de CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Estadísticas) y CNO (Clasificación Nacional de Ocupaciones)".

"No obstante lo anterior, en base a la experiencia de otros colectivos, el coste medio por trabajador que anticipa 6 años la pensión de jubilación es de 238.322,14 euros. Puesto que la misma exposición de motivos habla de un colectivo afectado en torno a los 35.000 trabajadores, el coste total de la medida podría alcanzar los 8.341 millones de euros", ha precisado.

De este modo, El Gobierno se acoge al artículo de la Constitución que le otorga la capacidad de bloquear la tramitación de iniciativas legislativas que altere su política presupuestaria, ya sea por suponer un aumento de gasto o una disminución de los ingresos.

LAS BAJAS POR INCAPACIDAD TAMBIÉN AUMENTAN EL GASTO

Pero además, el Gobierno señala que la propuesta de Unidos Podemos presenta otro artículo que supondrían también un aumento de presupuestos. Se refiere al que recoge "el derecho a percibir la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales del 100%", que se produciría desde el primer día de la baja y con cargo a la entidad gestora.

Para el Gobierno, este texto no es consecuente con la normativa vigente, que recoge que el porcentaje aplicable es, desde el día siguiente a la baja médica, el 75% de la base reguladora, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja".

Por ello, señala que esta medida "supondría un incremento de gasto para el Presupuesto de la Seguridad Social", a pesar de que no le es posible determinar con cierta exactitud la cuantía del aumento porque la Ley analizada "no plantea una perfecta delimitación del ámbito subjetivo de aplicación del estatuto básico propuesto". En concreto, denuncia que la exposición de motivos se hace referencia a que el colectivo afectado estaría "en torno" a los 35.000 trabajadores.