El Gobierno revisará los planes de sequía, vigentes desde hace una década, para introducir modificaciones

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Isabel García Tejerina, ha explicado este jueves 27 de julio que en el último Consejo Nacional del Agua se aprobó la revisión de los Planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual sequía, vigentes desde el año 2007, para introducir modificaciones a la hora de gestionar los recursos hídricos.

Tejerina ha comparecido en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso para informar sobre la situación de sequía y la lucha contra incendios. La ministra, que ha recordado que España está en su quinto año de sequía, ha explicado que sólo en la cuenca del Segura se han movilizado 250 hm3 de agua adicionales, y otros 30 para el Júcar.

En este sentido, ha apuntado que mientras que es "una realidad" que en Castilla y León no se está regando, en Murcia sí se está regando, aunque ya ha avanzado que no se sabe qué sucederá si no llueve la próxima campaña.

Tejerina ha recordado que la gestión del agua es una responsabilidad compartida y que las confederaciones hidrográficas ponen a disposición agua a disposición de los regantes que, una vez que la reciben, deben decidir cómo gestionarla. "Se les ha puesto agua a su disposición. Ojalá seamos capaces de mantener, insisto, en el que sería el quinto agua de sequía, esta situación, pero todo parece que este agua extraordinaria pues cada vez se va terminando", ha dicho.

PACTO NACIONAL CON CUATRO EJES

En cuanto al Pacto Nacional del Agua, Tejerina ha señalado que en el mes de agosto terminará la ronda de contactos con las Comunidades Autónomas de la directora general del Agua, y que después del verano comenzarán las reuniones con los grupos parlamentarios y los usuarios del agua con el objetivo de "buscar puntos de encuentro" para llevar a cabo un "pacto permanente" sobre la materia. Un pacto que tratará, según la ministra, el "déficit de agua", pero también los temas de inundaciones, la gobernanza del agua, y aspectos ambientales.

Asimismo, la ministra, que ha repasado las acciones que el Gobierno ha puesto en marcha para atajar la situación de sequía y las ayudas al campo para paliar sus efecto, ha informado de que la Comisión Europea ya ha incluido en el reglamento, aún por aprobar, la petición de España de adelantar el 70% de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para que los agricultores dispongan de las ayudas de 2017 a partir del próximo mes de octubre y les ayude a "paliar" los efectos de la sequía.

Además, la UE también ha admitido la petición española para el pastoreo en barbechos en Superficies de Interés Ecológico (SIE), según ha señalado la ministra, al tiempo que ha repasado el nivel de riesgo de las diferentes cuencas entre normal, prealerta, alerta y emergencia: Duero (alerta); Júcar y Segura y los sistemas de cabecera del Tajo (emergencia); Miño Sil, Guadiana, Guadalquivir, Ebro y Cantábrico occidental (Prealerta).

Además, la ministra ha señalado que la comisión permanente de adversidades climáticas está trabajando para "mejorar" la política de seguros agrarios en materia de sequía, que, según la responsable de la cartera, este año ha registrado un récord de contrataciones por parte de los agricultores.

CRITICAS DE LA OPOSICIÓN POR TRASVASES Y PRIVATIZACIÓN

Durante el debate, el diputado del grupo socialista Manuel Gabriel González, ha reprochado a la ministra que algunas de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno están fomentando el "uso privativo del agua", como es el "opaco" mercado de cesión de derechos de agua entre regantes.

Asimismo, González ha reclamado al Ejecutivo que priorice el uso de las desaladoras frente a la política de trasvases, que se amplíen las medidas urgentes de sequía a las cuencas en zonas de prealerta, y no sólo a las que están en nivel de emergencia (Duero, Júcar y Segura).

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos Pedro Arrojo ha criticado que el Gobierno no "acabe" con los pozos ilegales al tiempo que ha le ha advertido de que "proponer nuevos trasvases es como regalar un monedero a un pobre". Por ello, Arrojo ha señalado las "desaladoras" como alternativa a la política de trasvases puesto que el Gobierno, a su juicio, "está utilizando la sequía para mercantilizar y privatizar el agua".

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel Garaulet también ha pedido el control de las zonas ilegales de regadío. Garaulet se ha preguntado por qué no se está permitiendo la compra de derechos de agua entre cuencas y ha espetado que los regantes del Levante y Murcia "están teniendo muchas restricciones" por lo que se necesita más "solidaridad e igualdad" entre regiones.

Mientras tanto, Xavier Eritja, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha señalado que la actuación del Gobierno en cuanto a sequía no deberían ser intervenciones extraordinarias sino un trabajo de gestión y planificación", al tiempo que ha pedido que las medidas urgentes no se aprovechen "para construir más obras y más trasvases".

El diputado de Compromís, Enric Bataller, ha asegurado que el agua sólo está garantizada en la Comunidad Valenciana para los próximos tres meses". "Puede ser grave a partir de septiembre", ha espetado.