El Gobierno avisa a los regantes de Levante de que un trasvase en la situación de sequía sería ilegal

Ante la manifestación que se celebra este miércoles en Madrid y que se concentrará frente al Palacio de Fomento en Atocha, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha respondido a Europa Press respecto a las reclamaciones de los manifestantes: regantes, agricultores y organizaciones sindicales.

Al mismo tiempo, fuentes ministeriales han indicado a Europa Press que los manifestantes no han solicitado ninguna reunión y añaden que no hay ninguna petición realizada por los regantes que no se haya atendido hasta la fecha.

En respuesta a la exigencia de un riego de socorro, el departamento de Isabel García Tejerina ha dicho que autorizar en las circunstancias actuales un trasvase excepcional desde el Tajo al Segura supondría "ir contra la Ley y el Reglamento que rigen las normas de la explotación del acueducto Tajo Segura y recuerda que la sequía dura ya más de cuatro años. De hecho, añade que va ya para cinco años en el Levante y que la sequía se ha ido extendiendo por el Duero, Guadalquivir y Tajo.

En concreto, apunta que los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, de los que parte el trasvase, albergan 274 hectómetros cúbicos, un valor muy por debajo de los 400 hm3 mínimos para poder realizar un trasvase.

En cuanto a la solicitud para favorecer la cesión de derechos intercuencas, asegura que la Ley de Aguas contempla la cesión de derechos y recuerda que el MAPAMA ha autorizado y seguirá autorizando todas aquellas cesiones de derechos intercuencas que sean conformes a derecho.

En ese contexto, apunta que la Ley de Aguas establece para los contratos de cesión de derechos intercuencas, que el volumen susceptible de cesión sea el realmente por el cedente y no el que figura en el título concesional.

Sobre la flexibilización de las condiciones aplicadas en el Júcar y Segura, con situación de sequía declarada desde 2015, señala que esta flexibilización es solo para usuarios de una misma cuenca. Así, expone que eliminar esta condición en el caso de cesiones entre distintas cuencas podría dar lugar a una mercantilización del uso del agua, al propiciar la venta del derecho y no del volumen del recurso realmente utilizado.

Otra de las reivindicaciones de los manifestantes pide poner en marcha todos los pozos de sequía posibles y en especial los del Campo de Cartagena, defiende que el Gobierno ha puesto en marcha medidas excepcionales como la movilización de 350 hectómetros cúbicos adicionales para atender las demandas de los usuarios del acueducto Tajo-Segura.

INVERSIONES Y EXENCIONES

Asimismo, destaca que ha prorrogado tres veces el Real Decreto de Sequía, al tiempo que ha ejecutado desde mayo de 2015 hasta diciembre de 2017, un total de 18 actuaciones de emergencia y ha invertido más de 51,1 millones de euros y otorgado 17,3 millones de euros para la producción de agua desalada y añade que ha aprobado un Real Decreto que eximirá a los regantes del pago de las tasas y cánones de disponibilidad de agua que supondrá una ayuda de 35 millones de euros a los usuarios del trasvase si se cumplen las condiciones de pérdida de producción.

Al mismo tiempo, añade que ha puesto en marcha 40 pozos de sequía y asegura que en 2018 pondrán en marcha todas las baterías de pozos de sequía disponibles y que con los dos nuevos previstos se podrá extraer hasta 80 hectómetros cúbicos para abastecimiento, regadío y caudales ambientales.

Por otro lado, los usuarios reclaman al Ejecutivo que lleve a todas las desaladoras a su máxima producción a lo que el Gobierno responde que las de Águilas, Valdelentisco y Torrevieja están produciendo al 100 por cien de su capacidad técnica.

En concreto, indica que el objetivo en la de Torrevieja es duplicar su capacidad actual y advierte de que para triplicar este volumen los usuarios deberán suscribir un convenio de ejecución y financiación según el coste real de producción.

En esta línea, el Ministerio defiende que entre 2015 y 2017 se concedieron ayudas de agua desalada por un valor de 17,3 millones de euros.

Otra de las reclamaciones de los usuarios insta Tejerina a que declare obra de emergencia la construcción de la red de colectores, planta de tratamiento y emisario para la conducción y evacuación del rechazo de las desalobradoras particulares.

A ese respecto, en la respuesta del Gobierno facilitada a Europa Press asegura que todas las soluciones al Vertido cero del mar Menor han de abordarse en el marco de la solución integral, cuyo impacto ambiental se está elaborando.

De este modo, señala que se construirá una red de colectores, una planta de tratamiento y emisario que guarda relación con la red de salmueroductos que se han tenido que cerrar por el requermiento del Gobierno de Murcia para cesar los vertidos al Mar Menor. En ese contexto añade que se debe analizar cuidadosamente para que no se produzcan los mismos errores, también contratando una obra de emergencia.

De hecho, avisa de que mientras no se realice y extraigan las conclusiones de la necesaria comparación de las posibles soluciones, cualquier acción puntual no estará respaldada, y menos con un procedimiento de obra de emergencia, que ni siquiera contaría con un proyecto y que requerirá la excepción de la tramitación ambiental y que en caso de realizarla el Estado, debería ser el Consejo de Ministros quien autorizase que la macro-actuación no requiere trámite ambiental alguno.

El Ministerio afirma que no puede apoyar la construcción y menos por emergencia de las infraestructuras que se solicitan, en tanto no cuenten con la viabilidad ambiental de la solución integral de vertido cero al Mar menor.

Finalmente, ante la reclamación de los regantes para que se elimine "el tasazo del Trasvase" y que la tarifa se aplique al volumen suministrado, el Ministerio niega que haya habido tasazo y asegura que las tarifas actuales no se revisaban desde 2014, al tiempo que defiende que las actuales son muy similares a las del periodo 2012-2013 y un 25 por ciento inferiores a las de 2009-2011.

En ese sentido, añade que modificar las tarifas del trasvase se deben a la Ley de Regulación del Régimen Económico de la Explotación ATS y a la sentencia del Tribunal Supremo, lo que impide acceder a lo demandado.

El departamento de García Tejerina considera que se trasvase o no se trasvase agua existen unos gastos fijos de conservación y mantenimiento del acueducto TS a los que hacer frente y cuya inclusión en las tarifas es obligatoria, igual que con la parte correspondiente a la amortización anual de las obras.

Por otro lado, recuerda que en tema tarifario el Gobierno, teniendo en cuenta la situación especial de sequía autorizó en 2017 exenciones de cánones y tarifas a las cuencas del Duero, Júcar y Segura que representarán una ayuda de 35 millones de euros.