El Gobierno defiende que ha dotado del presupuesto "necesario" a las CCAA para llevar a cabo mejoras en la accesibilidad

Montserrat se ha expresado así, en la sesión de control al Gobierno celebrada este martes 10 de abril en el Senado, donde ha sido preguntada por la senadora de Podemos Virginia Felipe sobre el "veto" del Ejecutivo a la creación de un fondo estatal para la accesibilidad universal.

Según ha relatado la ministra de Sanidad, entre 2012 y 2016, más de 1.200.000 personas con discapacidad pudieron firmar un contrato de trabajo, y al cierre de 2017 en España hay "más de 300.000 personas con discapacidad" que tienen un empleo.

Además, ha defendido que el Ejecutivo ha destinado las cuentas bancarias de los españoles a la formación educativa y profesional de los jóvenes con discapacidad, y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 incluyen una partida de 40 millones de euros (10 millones de euros más que en 2017) para el programa de refuerzo educativo para una educación inclusiva.

Montserrat ha puesto en valor también los más de 12 millones de euros de los PGE para la supresión de barreras arquitectónicas y la mejora de la accesibilidad;y ha añadido que el Gobierno ha previsto que las inversiones en la accesibilidad de las estaciones ferroviarias se incrementen hasta llegar hasta los 387 millones de euros en los próximos cuatro años.

"Para el Gobierno es una prioridad trabajar para eliminar las barreras visibles e invisibles, que crean prejuicios y que impiden a las personas con discapacidad poder desarrollar su proyecto de vida en autonomía y en plenitud", ha defendido Montserrat.

En este sentido, la ministra ha insistido en que "es responsabilidad de todos los niveles de la administración -estatal, autonómico y local-- romper estas barreras, alcanzar una sociedad universalmente accesible". Así, ha asegurado que es un trabajo "permanente", que no tiene "fecha de caducidad".

"OBLIGACIÓN INCONDICIONAL"

A este respecto, la senadora de Podemos ha defendido que "ni el coste ni las medidas de austeridad pueden ser argumentos para evitar implantar la accesibilidad, pues la obligación es incondicional".

"Con su veto a la creación de un fondo estatal para la accesibilidad universal, el Gobierno en el lugar de poner en valor la diversidad humana, lo que hace es ponerle precio a sus derechos y a su dignidad, condenándola a vivir excluida de la sociedad", ha criticado la parlamentaria de la formación morada.

Felipe ha instado al Ejecutivo, en nombre de los "millones de personas con discapacidad" y de sus familias, a que "sin más dilación haga reales y efectivos los derechos humanos de todas las personas, no con palabras vacías sino con hechos", y que que elabore, aplique y supervise normativas de accesibilidad y que asigne los recursos económicos y humanos "necesarios".