El Gobierno abre consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático hasta el próximo 10 de octubre

Según fuentes ministeriales consultadas por Europa Press, este procedimiento es "novedoso" porque deja a la ciudadanía realizar todas sus aportaciones y contestar a preguntas abiertas sin la base de un borrador, al tiempo que han señalado que es la "primera vez" que el MAPAMA lo pone en marcha para atender a una ley "de esta envergadura, que necesita un proceso participativo amplio".

No obstante, las mismas fuentes han aclarado que este nuevo proceso de consulta pública previo al anteproyecto de la norma es "obligatorio por ley" desde el pasado mes de mayo.

El procedimiento abierto está guiado a través de unas preguntas que se detallan en un formulario (aunque también se pueden adjuntar archivos con ideas propias) y busca dar respuesta a "los problemas que se pretenden solucionar" con la nueva norma, "la necesidad y oportunidad de su aprobación", "los objetivos" de la misma y las "posibles alternativas" tanto regulatorias como no.

El formulario, que se debe descargar para adjuntar después, propone un total de 24 preguntas a las que cualquier persona podría responder, con o sin conocimientos previos, y está dividido en seis bloques. El primero, con ocho preguntas, tiene un carácter general e incluye cuestiones como: "¿Considera adecuado y viable que la Ley regule conjuntamente el cambio climático y la transición energética para cumplir los objetivos que ha asumido España a nivel internacional y europeo?".

El segundo apartado, en relación a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y que contiene cuatro preguntas, plantea a los ciudadanos si consideran que la Ley debe contener "objetivos cuantitativos", o en qué horizonte temporal creen que deben establecerse los objetivos de reducción de GEI.

En cuanto al tercer epígrafe, que tiene que ver con la adaptación al cambio climático y cuenta con otras tres cuestiones, el Gobierno pregunta a los ciudadanos cuáles son los "elementos esenciales en materia de adaptación que deberían ser introducidos" en la futura Ley, al tiempo que pide una "enumeración de los elementos"; otra de las preguntas del apartado es: "¿Cómo podría la Ley facilitar información, herramientas y capacitación para incorporar la adaptación a la toma de decisiones?".

El cuarto bloque de preguntas, con un conjunto de otras tres interrogaciones, tiene que ver con el impacto social, económico y medioambiental, y en él se pregunta a los ciudadanos, entre otras cosas, si consideran útil que se analicen "en particular" los efectos económicos y sociales relacionados con el impacto en los precios de la energía que supondría cada una de las alternativas para cumplir los objetivos fijados.

El siguiente apartado se refiere a las cuestiones de "carácter transversal": "¿Debería la Ley contener mecanismos de revisión?" o "¿Qué papel ejemplarizante debe tener la Administración?", son dos de las cinco preguntas que contiene esta sección.

El último epígrafe tiene que ver con las alternativas. Para ello, el Gobierno tiene una sola pregunta: "Qué otro tipo de soluciones, regulatorias o no, cree que serían necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales y europeos en materia de cambio climático y transición energética?".

Según han informado los dos ministerios competentes, el objetivo es "elaborar un instrumento que marque el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos" en materia de cambio climático y energía y "aprovechar las posibilidades de desarrollo que puedan surgir del nuevo modelo económico, con el menor coste posible y generando crecimiento económico, empleo y bienestar a los ciudadanos".

El Gobierno creó en abril un grupo interministerial para la elaboración de esta Ley. Además, ha anunciado la constitución de una comisión de expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética.