El Gobierno y comunidades autónomas acuerdan por unanimidad recuperar la financiación de la Dependencia previa a 2012

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García Rodríguez, en un receso del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y al que han asistido todas las comunidades autónomas excepto Cataluña.

Este Informe es el resultado del trabajo desarrollado por la Comisión de Análisis de la situación de la Dependencia --integrada por el secretario de Estado de Servicios Sociales, miembros del IMSERSO, del Ministerio de Hacienda, Presidencia y representantes de Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias y Castilla y León. Este grupo de trabajo se creó como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero.

El documento concluye que las comunidades autónomas integrantes en la Comisión entienden que es "absolutamente imprescindible" la reconsideración del sistema de financiación actual, manteniendo su naturaleza finalista, así como la recuperación de la financiación del nivel mínimo fijado con anterioridad a la reforma de la Ley operada en 2012.

Asimismo, el informe subraya que es el "momento oportuno" de realizar una revisión de la Ley de Dependencia que aproveche la experiencia acumulada en la gestión, adapte sus mecanismos a la demanda de los ciudadanos, flexibilice sus estructuras, mejore su encaje en el marco del sistema de Servicios Sociales y garantice la sostenibilidad del Sistema.

La consejera de Castilla y León ha celebrado el acuerdo por recuperar este nivel de financiación estatal que "en 2012, como consecuencia de la crisis económica, fue mermado y va a ser recuperado en los próximos años con una intención clara". Asimismo, ha destacado que en este Consejo Territorial se va a debatir sobre la subida de un 5% del nivel mínimo de financiación, previsto en un proyecto de real decreto.

El informe, que se va a elevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, dentro del marco de la negociación de la financiación autonómica, sostiene que es el "momento oportuno" de realizar una revisión de la Ley de Dependencia que aproveche la experiencia acumulada en la gestión, adapte sus mecanismos a la demanda de los ciudadanos, flexibilice sus estructuras, mejore su encaje en el marco del sistema de Servicios Sociales y garantice la sostenibilidad del Sistema.

Además, plantea la necesidad de la revisión del modelo estadístico para adaptarlo a las necesidades actuales de información; recomienda realizar un "esfuerzo de simplificación" de las normas relacionadas con el Sistema de Dependencia, mediante la redacción de un único Reglamento de Desarrollo y ejecución de la Ley de Dependencia; y establece que el sistema de financiación tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones para su financiación.