El Gobierno se compromete ante la ONU a aprobar una ley integral de violencia contra la infancia antes de septiembre

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Plataforma de ONG de Infancia, Ricardo Ibarra, quien ha estado presente durante las seis horas que se ha prolongado esta sesión en la que España, representada por una delegación de 27 altos cargos de distintos ministerios e instituciones, se examinaba en relación al cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

En concreto, el examen versaba sobre los informes cuarto y quinto de cumplimiento de la Convención, unos reportes que elabora el Gobierno en el turno y que remite a la ONU, quien a su vez, recoge información de la sociedad civil. Analizados los informes, solicita la comparecencia de España, cuya delegación responde a las preguntas de los miembros del Comité para los Derechos del Niño. En una semana, este organismo emitirá observaciones y recomendaciones a partir de esas respuestas.

El último examen a España tuvo lugar en 2010 y ya entonces se le demandó una legislación específica sobre violencia e infancia, asunto que los miembros del Comité han hecho notar a Mario Garcés. Ibarra explica que el secretario de Estado ha avanzado que habrá norma en septiembre y ha asegurado además, que las observaciones fruto de la sesión se tendrán en cuenta para la elaboración del Plan Estratégico de Infancia 2018.

"Llevamos ocho años esperando esta ley. Es cierto que el gobierno ha iniciado grupos de trabajo y se está trabajando en un borrador, pero no puede quedarse en el tintero otra Legislatura más. Creemos que septiembre debe ser una fecha real y que los grupos parlamentarios deberían plantearse iniciar el proceso porque es una ley que demanda la ONU, que demanda la sociedad y que los niños que sufren violencia necesitan", señala Ibarra.

Con todo, no ha sido este el único asunto en una sesión en la que los miembros del Comité se han fijado especialmente en la situación de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, la política de rechazos en frontera y la situación en los centros de acogida de puntos como Melilla, según explica el presidente de la Plataforma de Infancia.

"Ha habido cierta tensión cobre los menores extranjeros no acompañados porque la Fiscalía ha defendido el uso de las pruebas de determinación de la edad porque algunos documentos que portan estos niños son susceptibles de ser falsos, pero al Comité lo que le interesa no es la política de inmigración de España sino garantizar los derechos de los niños. Probablemente será un tema que vuelva a salir en las observaciones del Comité", ha apuntado.

Asimismo, los miembros del Comité se han interesado por las altas tasas de pobreza infantil y las medidas que España ha tomado o toma al respecto, asuntos relativos a la participación de los menores y su derecho a ser escuchado y cuestiones como los gastos asociados a la escolarización, como el comedor o los libros de texto.

"Nos hubiera gustado que se centrasen un poco más en pobreza infantil y medidas llevadas a cabo porque es un asunto que nos preocupa especialmente, pero en líneas generales estamos satisfechos porque se han abordado todos los temas que nos parecen de especial preocupación y todas las cuestiones que plantean la Plataforma de Infancia, el Defensor del Pueblo y otras ONG en mayor o menor medida han sido trasladados a la delegación española", ha añadido Ibarra.