El Gobierno introduce en el Plan Estratégico de Igualdad las auditorias que propone contra la brecha salarial

Es uno de los bloques de iniciativas que contempla este documento, en fase de borrador, que habrá de pilotar la política de igualdad en España para los dos próximos años. El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge una batería de medidas en particular sobre la desigualdad retributiva y anuncia un plan específico para atajar la brecha salarial

En concreto, incluye el compromiso de modificar la normativa vigente para "incorporar la obligación de informar a los representantes legales de los trabajadores con una periodicidad al menos anual sobre las retribuciones de los grupos profesionales y puestos de trabajo, desglosadas por sexos".

Asimismo, se prevé incluir en la legislación "el derecho de los trabajadores a solicitar información escrita sobre los componentes y la cuantía de la retribución, en particular, sobre los complementos salariales variables así como los pagos en especie, correspondientes a trabajos de igual valor, desglosada por sexos".

Se completa la propuesta, elaborada por el Instituto de la Mujer y en fase de consulta, con la intención de "tipificar y añadir en la normativa vigente, como infracción del orden social, el incumplimiento de dichas obligaciones de información".

Por otra parte, compromete a establecer "la obligación que las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadoras y trabajadores realicen una auditoría salarial con el contenido y periodicidad que se establezca en el plan de igualdad, con el objetivo de evaluar la eficacia y adecuación de las medidas adoptadas en materia de igualdad salarial".

UN PLAN DE LUCHA CONTRA LA BRECHA SALARIAL

Además, el Plan Estratégico recoge la intención de activar un "plan de lucha contra la brecha salarial" que contenha medidas como "facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de discriminación indirecta, particularmente retributiva, mediante la habilitación de nuevos sujetos públicos y privados" y "reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las comunidades autónomas" en estos asuntos.

En la misma línea, establece que ese plan deberá "intensificar el papel de los interlocutores sociales de cara a reforzar el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres, en el marco de la mesa de diálogo social".

"Para ello, se constituirá un grupo de trabajo integrado por la AGE y los interlocutores sociales para el análisis y la evaluación de las cláusulas retributivas y de clasificación profesional en la negociación colectiva; y, la búsqueda de nuevas estrategias, incluida la negociación de posibles cambios normativos, que aseguren la transparencia salarial en las empresas", dice el borrador del Gobierno.

Aspira también a "impulsar un acuerdo para que la negociación colectiva sirva como instrumento de promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y retributivo", entre otras medidas, como promover las herramientas de autodiagnóstico de la brecha salarial o un "sistema de valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género".

OBLIGACIÓN DE REGISTRAR LOS PLANES DE IGUALDAD

Asimismo, quiere establecer la "obligación de depósito" de los planes de igualdad a las empresas de más de 250 trabajadores, que en la actualidad están obligadas a redactarlos pero no así a presentarlos ante la Administración. Respecto del resto de los casos, que son las pymes y componen el grueso del tejido empresarial español, quiere fijar su depósito "con carácter potestativo".

Precisamente, preve fomentar la "elaboración voluntaria" de planes de igualdad en estas pequeñas y medianas empresas "mediante apoyo económico, así como para la evaluación de la implementación" de estos planes creados en la Ley de Igualdad de 2007.

Además, prevé modificar la normativa que rige el distintivo Igualdad en la Empresa (DIE), a fin de reconocer la "sensibilidad" de empresas públicas y privadas "en el trato hacia las trabajadoras y personas que hayan padecido violencia de género, prestando atención especializada o dando facilidades a sus trabajadoras afectadas" y conseguir que a efectos de contratación pública, tener el distintivo sea "criterio de adjudicación específico para el desempate".

De hecho, otra de las medidas pasa por aprobar en el Consejo de Ministros "los criterios que se establezcan para la introducción de las cláusulas de igualdad en la contratación pública" de acuerdo con la Ley de Igualdad, así como introducir "criterios de evaluación" de este aspecto en las convocatorias de subvenciones.