El Gobierno veta debatir la propuesta del PSOE para parar la LOMCE porque se perderían 615 millones de Fondos Europeos

Conforme a la legislación, las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.

El pasado viernes, Moncloa comunicó al Congreso su rechazo a la tramitación de diez iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos, entre ellas la que registró el PSOE para paralizar la llamada 'ley Wert'.

Según explica el Ejecutivo en su escrito, al que tuvo aacceso Europa Press, la LOMCE cuenta con la cofinanciación de los Fondos Europeos dentro del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020. En concreto, estas ayudas, que suman 614.961.977,98 euros, se han obtenido porque la norma española integra uno de los objetivos temáticos que se incluyen en los reglamentos europeos hasta 2020: la reducción del abandono educativo temprano.

Por ello, antes de que España perciba esta cifra la Comisión Europea tiene que comprobar que "se han realizado efectivamente y en los plazos previstos las acciones comprometidas". Es decir, que el país no recibe la ayuda hasta que la ley se aplique por completo.

Por eso, el Gobierno advierte de que "en el caso de suspender o paralizar la implantación de la LOMCE, la Comisión Europea podría considerar que España no cumple con las condiciones del programa y retirar total o parcialmente su financiación, por lo que se produciría una pérdida de ingresos para España de hasta 614.961.977,98 euros devengados en 2016", apunta el documento.

GASTOS NO PREVISTOS PARA EL ESTADO

Del mismo modo, señala que estas obligaciones de gasto no previstas recaerían entonces sobre el Estado que, a través de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ya ha transferido a las comunidades autónomas su parte de los ejercicios de 2014 y 2015.

Moncloa explica que, en relación con la parte cofinanciable, las autonomías han adoptado dos tipos de decisiones, unas han solicitado un anticipo a Educación a cuenta de lo que luego ingresará de los Fondos Europeos, una práctica supondría un mayor gasto para el Gobierno en caso de paralización, y otras han optado por adelantar ellas mismas estas cifras, lo que perjudicaría al Estado porque tendría que compensarlas por las actuaciones realizadas.

Las condiciones que España se comprometió a cumplir para obtener estas ayudas europeas se basan en dos conceptos: la anticipación de la elección de nuevos itinerarios en 3º y 4º de la ESO y la implantación de la Formación Profesional Básica.

CONDICIONES PROMETIDAS A EUROPA

Sobre el proceso, el Ejecutivo indica que la LOMCE está completamente implantada en Primaria, ya que se hizo entre los cursos 2014-2015 y 2015-2016, mientras que en ESO y Bachillerato se ha procedido a regular las evaluaciones finales, al haber comenzado hace un mes el nuevo curso.

En este sentido, señala que las 'matemáticas académicas' y 'matemáticas aplicadas' que están siendo impartidas en 3º de la ESO desde el curso 2015-2016, también son objeto de cofinanciación en todas las autonomías (excepto Cataluña y País Vasco que no han firmado el convenio necesario), y que también lo serán en 4º de la ESO a partir del curso académico actual.

En cuanto a la Formación Profesional Básica apunta que también está "implantada en su totalidad", de manera que la suspensión de su calendario dejaría a los alumnos sin obtener el título de Graduado en ESO. Además, las modificaciones plasmadas en la LOMCE para acceder tanto a la FP de Grado Medio como a la universidad "ya se están aplicando también", según el Ejecutivo. "En este caso, paralizar la norma impediría a los estudiantes superar los procedimientos de admisión", apunta.

El PSOE ya intentó paralizar la aplicación de la LOMCE la pasada legislatura del primer semestre, y en ese caso su proposición de ley no fue vetada por el Gobierno y llegó a debatirse su toma en consideración,. Según explica Moncloa, entonces la legislatura se daba por acabada y la iniciativa no iba a poder tramitarse, mientras que ahora hay opción a evitar la disolución de las Cortes.