La Fundación Abogacía Española traslada su apoyo a Proactiva y recuerda a la UE su obligación de defender a refugiados

La Fiscalía de Catania ha ordenado la inmovilización preventiva en el puerto de Pozzallo (Italia) del barco de la ONG catalana dedicada al rescate de inmigrantes en el mar Mediterráneo bajo la acusación de favorecer la inmigración clandestina y la asociación criminal.

En este sentido, la Fundación ha enfatizado que la protección de vidas humanas es una prioridad que está reconocida en el derecho internacional, por lo que ordenar entregar a los migrantes rescatados a Libia "supone una devolución en caliente" que contraviene el Estatuto de los Refugiados de la ONU "y toda la política de derechos humanos que debe defender la Unión Europea".

En la misma línea, ha recordado que los Estados que conforman la UE están obligados, aunque lo incumplan "reiteradamente", a dar asistencia a refugiados y a personas desplazadas en cumplimiento del derecho comunitario, basado en los principios de solidaridad y cooperación administrativa entre los estados miembros.

"La negativa a acatar el derecho de la UE no solo pone en peligro las bases jurídicas de la misma, y en particular el derecho a la libre circulación de personas, sino que su violación, en especial si se aplica a un número amplio de personas como en la actual crisis migratoria, puede dar lugar a la imputación del Estado responsable de un crimen internacional", ha defendido en un comunicado.

COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS

En la misma línea, la Abogacía Española ha hecho hincapié en su compromiso con la defensa de los derechos de los refugiados y de los migrantes a través de su participación activa en el proyecto 'European Lawyers in Lesvos' (Abogados Europeos en Lesbos), puesto en marcha por el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) junto con la Asociación de Abogados de Alemania (DAV) para prestar asesoramiento y asistencia jurídica a los migrantes y refugiados que se encuentran en esa isla griega.

Además, forma parte del Proyecto 'Training of Lawyers in European Law relating to Asylum and Migration (TRALIM)', junto con el Colegio de Abogados de Atenas, el Consiglio Nacionale Forense (Italia), la Law Society of Ireland y el National Council of Polish Legal Advisors (Polonia). Este proyecto, financiado por la Comisión Europea y liderado por la Fundación de los Abogados Europeos, tiene como objetivo formar en materia de Derecho Europeo de Asilo e Inmigración a más de 130 abogados de los cinco países participantes.