Rosell y Bartomeu se niegan a declar por estafa y corrupción en el fichaje de Neymar

Ambos se han limitado a ratificarse en las declaraciones prestadas ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que les interrogó entre los meses de julio de 2014 y febrero de 2015 en el marco de la causa principal, en la que se les investigaba por un presunto delito fiscal en el traspaso del jugador y ha sido asumida por los Juzgados de Barcelona.

Rosell y Bartomeu han abandonado las dependencias judiciales acompañados de sus abogados. Ambos han subido a un coche que les esperaba en las cercanías y no han querido responder a las preguntas de los medios de comunicación que les aguardaban desde primera hora de la mañana.

Durante su declaración ante Ruz hace un año, Bartomeu explicó que el encargado de cerrar el fichaje en Brasil fue su antecesor Rosell y que él no tuvo intervención alguna. Por su parte, éste último defendió en 2014 la legalidad de la operación y cifró el traspaso en 57,1 millones de euros.

Rosell había sido citado en calidad de querellado-investigado (nueva denominación legal que sustituye a la de los imputados) para las 10.00 horas, mientras que la declaración de su sucesor en el club catalán debía comenzar na hora y media después. El juez José de la Mata escuchará este lunes también al representante legal del Barça y otro del Santos y los expresidentes del club brasileño Luis Álvaro de Oliveira Rivero y Odilio Rodríguez Fliho, así como en calidad de testigo a Javier Faus, que era vicepresidente económico del club cuando se produjo el fichaje.

El delantero brasileño, por su parte, comparecerá mañana en compañía de sus padres, Neymar Da Silva Santos y Nadine Gonçalves Da Silva Santos, y el representante de la empresa familiar N&N, que poseía el 60 por ciento de los derechos federativos del jugador y alcanzó un acuerdo con los dos clubes para adelantar su fichaje a la temporada 2013-2014.

FUERA DE LA COMPETENCIA

El juez De la Mata admitió en junio pasado una querella presentada por la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que poseía el 40 por ciento restante de los derechos, al entender que el equipo azulgrana pudo adquirirlos en 2013 "fuera de la normal competencia" y por un valor "inferior al del mercado". Según el juez, la operación pudo "quebrar la libre competencia en el mercado de fichajes".

En este sentido, se dirigió al Real Madrid, al Manchester United, al Bayern de Munich y al Chelsea para preguntarles las ofertas económicas que habían realizado por el jugador, aunque sólo contestaron el equipo español, que cifró su propuesta en 45 millones de euros, y el alemán, que aseguró que no concretó ninguna cifra.

En octubre pasado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, órgano superior al magistrado instructor, avaló la apertura de la investigación en dos autos en los que señalaba que las operaciones urdidas por los querellados tenían "visos de perpetración criminal".

"VALOR INFERIOR AL DEL MERCADO"

Rosell y Bartomeu firmaron en noviembre de 2011 un contrato con Neymar y la sociedad de su padre, N&N, por el cual el Barça se hacía con sus derechos cuando finalizara su contrato con el Santos, en 2014, con un coste de 40 millones de euros.

El jugador debía rechazar todas las ofertas que recibiera, con una cláusula por incumplimiento para todas las partes de 40 millones. En ese año se firmó, además, un contrato de préstamo de 10 millones que el Barça abonó en diciembre. Entre 2013 y 2014 se abonaron los 30 millones restantes.

El magistrado justificaba la posible comisión de un delito de corrupción entre particulares argumentando que esta operación tuvo la finalidad de adquirir los derechos del futbolista "fuera de la normal competencia con el resto de clubes interesados en su fichaje por valor inferior al del mercado y sin pagar las cuantiosas cifras que otros clubes podrían estar dispuestos a pagar".

Estas operaciones, según el juez, implicaron "un incumplimiento" de las obligaciones del futbolista que "impactó decidida y decisivamente en la libre competencia y en el mercado de contratación de jugadores". Además, recuerda que, de acuerdo la denominada Ley Pelé de Brasil, "cualquier transferencia de un deportista profesional depende de su consentimiento profesional y expreso".

SIMULACIÓN DE CONTRATOS

En relación con el delito de estafa por simulación contractual, el auto de admisión a trámite señalaba que la operación se fraguó al menos con dos contratos que supusieron "una simulación", pues "pretendían disfrazar lo que en realidad era el pago por la transmisión de los derechos federativos con otros conceptos que no obedecían a la realidad".

El primer contrato "simulado" habría consistido en el pago de 7,9 millones de euros por un convenio de colaboración en materia de fútbol base que habría permitido la adquisición por parte del Barça de los jugadores Víctor Andrade Santos (por el que pagó 3,2 millones), Givanildo Pulgas Da Silva (1,8 millones) y Gabriel Barbosa Almeida (2,9 millones).

El segundo contemplaba la celebración de un partido amistoso en Brasil con Neymar como jugador del Barça, que de no celebrarse, como así ha sido hasta la fecha, suponía un pago de 4,5 millones al Santos.

El juez explicaba que estos dos acuerdos se firmaron "prácticamente en la misma fecha que la transferencia de los derechos federativos", y que presuntamente supondrían "una simulación contractual dirigida a perjudicar a DIS", que debería haber recibido "un porcentaje" de los mismos.

En el primer procedimiento por el fichaje de Neymar la Fiscalía pide que Bartomeu sea condenado a dos años y tres meses de cárcel y Rosell a siete años y medio, al tiempo que reclama que los dos mandatarios y el propio club abonen multas e indemnizaciones por responsabilidad civil que superan los 62,6 millones de euros.

De la Mata, que abrió juicio oral por el 'caso Neymar' el pasado 13 de mayo, cifró el coste del traspaso en 83,3 millones de euros, en contra de lo defendido por Rosell, que aseguró que la operación se hizo por 57,1 millones. La Fiscalía elevó el coste del traspaso a 94,8 millones de euros.