La misión de la Eurocámara por los bebés robados exige a España que agilice la investigación

El proyecto de informe, preparado por la jefa de la misión, la eurodiputada Jure Kirton-Darling, ha sido debatido este miércoles en la comisión de Peticiones de la Eurocámara y será sometido a voto el próximo 22 de noviembre.

Los ocho eurodiputados de la misión -entre ellos Rosa Estaràs (PP), Marina Albiol (IU) y Josep-Maria Terricabras (ERC)- visitaron España el 22 y 23 de mayo y se reunieron con denunciantes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés y el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, entre otros.

Así, el informe hace hincapié además en la necesidad de que las autoridades españolas "refuercen los cauces directos de diálogo con los afectados y sus asociaciones", con el objetivo de "aumentar la confianza de los afectados en las investigaciones realizadas" y "demuestra el compromiso del Estado con el esclarecimiento de los casos de robos de niños y adopciones ilegales".

De la misma forma, recomienda adoptar "todas las medidas necesarias" para "garantizar la seguridad en la identificación de los recién nacidos", así como el establecimiento "sin ningún género de dudas de la filiación materna".

Con respecto a los afectados, el texto recomienda proteger a quienes hayan sufrido la sustracción y adopción ilegal de bebés conforme al estatuto especial de la víctima.

El informe propone también crear un banco de ADN a nivel nacional que permita cruzar los datos de las víctimas, de forma que "se les ayude a encontrar a sus verdaderas familias", al mismo tiempo que pide que se garantice la gratuidad de las pruebas de ADN.

También aboga por la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados o en el Senado que "contribuya a un mejor conocimiento del problema y que proponga medidas de mejora que favorezcan el esclarecimiento de los hechos, a fin de evitar que una situación pueda repetirse en el futuro".

El documento acoge con "satisfacción" la decisión de algunos parlamentos regionales, como el de Navarra, de ofrecer asistencia jurídica gratuita a las víctimas y recomienda "crear los mecanismos necesarios para que las familias afectadas accedan a la justicia gratuita para llevar a cabo denuncias".

Del mismo modo, propone mejorar la dotación de la Oficina de Atención del Ministerio de Justicia que asesora a los afectados y pide al Gobierno que explique cómo ha aplicado las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.