La Red Española de Inmigración pide reformar la Ley de Asilo y Refugio para que participen todas las instituciones y ONG

La plataforma pide incorporar a la nueva ley reservas presupuestarias obligatorias y la creación de un nuevo sistema de Centros de Acogida a Refugiados, que incorporen "garantías" en la frontera sur para que "se acabe con los castigos selectivos que se sufren en CETI y CIES" a personas que ven bloqueadas su solicitud de asilo, retornándose al "cauce de la legalidad internacional".

El comunicado señala que esta modificación legislativa estatal debe complementarse con una normativa que regule en los parlamentos autonómicos las obligaciones de integración, no discriminación y apoyo para las materias de competencia autonómica, que acaben con situaciones "dantescas" que se dan en materia de acceso a la universidad y que garanticen la autonomía personal y profesional a las personas solicitantes de asilo y refugio.

Asimismo, traslada su preocupación por la "falta de voluntad política" del Gobierno en materia de acogida y refugio, y destaca los "frenos continuos" a entidades emergentes y a la administración local.

Según la Red, el Gobierno de España, a diferencia de los ejecutivos autonómicos y locales, se muestra "impermeable" a la necesidad de dotar al país de una red de centros de acogida a refugiados "suficiente y estable", buscando "sobrecargar" una red alternativa en manos del Tercer Sector.

Esta estrategia, en su opinión, obedece a la voluntad de los sucesivos gobiernos por "no incrementar verdaderamente" un número de plazas "suficiente" desde lo público, buscando mantener el actual sistema para, según apunta la plataforma, "dificultar y bloquear" las vías de asilo y acogida.

Para la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, esta actividad demuestra una "falta total de interés" por parte del ejecutivo central en "bloquear" y "no desarrollar" una red de acogida.

La Red ha anunciado que iniciará una ronda de contactos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, así como una acción de reivindicación en las cámaras autonómicas, para garantizar que se pueda impulsar una nueva ponencia parlamentaria en el Congreso y un desarrollo autonómico que nazca en paralelo para "agotar al máximo el techo competencial" del que, según sus estatutos, se reserva a las comunidades autónomas.