España y Marruecos limitarán a 4.000 el número de porteadores diarios que podrán acceder a Ceuta

El delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández Cucurull, ha explicado este jueves en rueda de prensa que, tras cuatro días cerrado, el paso exclusivo para la entrada y salida de porteadores del 'Tarajal II', inaugurado el 27 de febrero, se reabrirá para evitar "tensiones a ambos lados que serían difíciles de soportar" teniendo en cuenta que se calcula que al menos decenas de miles de marroquíes viven del comercio transfronterizo.

Fernández Cucurull ha repetido que, desde su punto de vista, la "solución" a la problemática de la frontera de Ceuta, escenario de colapsos y avalanchas casi a diario desde hace años, debe pasar por, apelando a "motivos de seguridad" para "un territorio tan pequeño y tan densamente poblado", establecer "una nueva regulación normativa de la excepción al Tratado de Schengen que permite el acceso a la ciudad de los vecinos con pasaporte en vigor y sin visado de la provincia marroquí de Tetuán, cuya población ha pasado de menos de 200.000 a más de un millón de habitantes" .

Aunque no se ha atrevido a dar "plazos" para materializar esa aspiración, el delegado ya la ha planteado tanto al Ministerio del Interior como al de Asuntos Exteriores, que han iniciado los correspondientes "estudios" al respecto.

En paralelo, la Delegación del Gobierno ha anunciado que los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que hasta ahora se han encargado de regular y ordenar los flujos de porteadores por los polígonos comerciales anexos a la frontera "de titularidad privada" dejarán de ejercer esa labor y los empresarios allí radicados tendrán que contratar vigilantes privados.

A medio y largo plazo la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma seguirán trabajando en "fórmulas" para "regular el comercio del bulto", cuyo crecimiento "exponencial" pese a la imagen "tercermundista" que da de Ceuta el trasiego de personas virtualmente aplastadas por los fardos que transportan tiene una solución "compleja".

"La Inspección de Trabajo tiene dudas legales de poder prohibir esa actividad y su eliminación podría generar un serio problema social en Marruecos que todos debemos tener en cuenta", ha argumentado el delegado.