Energía niega competencias en tala de encinas en Retortillo (Salamanca) y anima a Compromís a denunciar delito ambiental

En la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado, Navia ha respondido a las preguntas del senador Mulet, quien ha achacado la "máxima responsabilidad" en la cuestión a la Junta de Castilla y León, a la que acusa de no contestar "en tiempo y forma", pero considera que el Gobierno tiene también "cierta responsabilidad" porque concedió la autorización previa a la instalación en septiembre de 2015 y por la obligatoriedad de "tratar de evitar que no se perpetren actuaciones" que puedan poner en riesgo la salud de los habitantes de la zona.

Mulet ha advertido de que la empresa minera desmontó y cortó más de 1.800 encinas milenarias para dar acceso a la instalación lo que puede suponer un riesgo a la salud de los ciudadanos al liberarse el gas radón (radiactivo) existente en el suelo.

Mulet ha acusado a la empresa de origen australiano de cometer un "atentado ecológico de primer orden" y "sin precedentes", en base a la autorización previa del Gobierno".

En ese sentido, ha reclamado al secretario de Estado que el Ministerio un papel "más activo" y que pida responsabilidades a la Junta de Castilla y León, que tampoco autorizó la tala masiva de encinas, al tiempo que ha criticado al Ministerio de Economía por oponerse al ofrecimiento del Instituto de Salud Carlos III para analizar el impacto de la tala de encinas en la salud.

Así, ha interpelado al secretario de Estado si esta acción estaba autorizada y si las obras se ajustaron a los trabajos previstos por la autorización previa concedida por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en septiembre de 2015.

En su opinión, tras la tala de encinas hace ahora un año, no ve comprensible que posteriormente la empresa no haya acondicionado el terreno para el fin, la construcción de una planta y, sin embargo, haya "hecho caja" con la tala de los árboles.

A ese respecto, Mulet que cree que el Gobierno no puede echar "la pelota de la culpa exclusivamente" a la Junta de Castilla y León.

Sin embargo, el secretario de Estado ha insistido en que el proyecto de la planta de concentrados de uranio de Retortillo las competencias son de la Junta de Castilla y León y que el ámbito medioambiental no corresponde a su Secretaría por lo que no puede valorar estas "cuestiones", al tiempo que ha recordado la independencia de los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En todo caso, ha dicho al senador de Compromis que el procedimiento de autorización está regulado al que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no puede oponerse si cuenta con todos los requisitos reglados, porque sería una "arbitrariedad".

El secretario de Estado ha contestado al senador que la autorización previa del Gobierno no puede ser "en ningún caso una excusa para cometer un atentado ecológico grave" y ha instado a Mulet a "utilizar los procedimientos establecidos" para denunciar si considera que se ha cometido un atentado ambiental grave, con el fin de obtener las medidas de sanción y resarcimiento correspondientes.

Navia ha asegurado que "nadie" con una autorización ministerial puede cometer "acciones contrarias al ordenamiento jurídico", que contempla formas de evitar este tipo de comportamientos.

En todo caso, no le consta que se haya cometido un atentado ambiental, pero ha animado de nuevo al senador Mulet a denunciarlo si así lo considera para que se tomen las medidas adecuadas.