Detenidas 47 personas por defraudar 534.000 euros a la Seguridad Social

Las pesquisas condujeron a los investigadores hasta dos empresas 'tipoxxxxx' con una actividad legal mínima, que el principal investigado utilizaba para gestionar contratos fraudulentos a supuestos trabajadores.

Con ello conseguía que los empleados acumularan días de cotización suficientes para el cobro de distintas prestaciones --subvención por desempleo, ayudas de maternidad, incapacidad temporal o cotización para jubilación, entre otros--. Además, en algunos casos también se habían servido de estas dos empresas para regularizar a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular.

Las gestiones permitieron comprobar que cada uno de los supuestos trabajadores pagaban al principal encartado entre 250 y 500 euros al mes, cantidad que variaba dependiendo del tipo de contrato y horas por las que eran dados de alta en la Seguridad Social. Estas cantidades eran abonadas normalmente en metálico o descontadas de la nómina si realizaban alguna actividad laboral real.

Según la investigación, 54 personas fueron dadas de alta en la Seguridad Social como empleados que afloraron 13.874 días de cotización irreal.

Gracias a los días cotizados en ambas empresas, los supuestos trabajadores habían cobrado 106.131,14 euros de forma fraudulenta en concepto de prestaciones y, además, habían adquirido el derecho al cobro de otras tantas a cargo de la Seguridad Social por un valor de 428.416,61 euros. El importe total de la deuda contraída con el conjunto de las Administraciones Públicas asciende a 534.547,75 euros.

Gracias a la colaboración de las distintas entidades, y dentro del marco de los protocolos de actuación conjunta con la Policía Nacional, se procedió a la localización y detención de todos los implicados en este fraude, entre los que se encontraba el administrador de ambas empresas, encargado de tramitar las altas en la Seguridad Social de los supuestos trabajadores.

Hasta el momento hay 47 personas detenidas a los que los agentes atribuyen, en función de su implicación en los hechos, los delitos de falsificación documental y defraudación a la Hacienda Pública y la Seguridad Social.