Denuncian la "burbuja" de macrogranjas como un riesgo para acuíferos y áreas protegidas como Villafáfila (Zamora)

España vive una "burbuja" de demanda de cerdo y sus derivados en el mercado nacional y especialmente en el internacional, sobre todo en países como China, lo que está motivando un aumento del número de granjas de porcino, así como de su tamaño, según alerta SEO/BirdLife.

Sin embargo, estos proyectos tienen unas graves repercusiones ambientales en el entorno, especialmente por el uso intensivo que hacen del agua, la mala gestión de los purines y la consiguiente contaminación por nitratos del suelo y, por ende, de los acuíferos y otras masas de agua, pero también por el uso intensivo de suelo agrícola y la pérdida de la ganadería tradicional como el ovino, según denuncia la ONG, que advierte de la gravedad de la situación, especialmente en Castilla y León o Aragón, donde proliferan los permisos para instalar macrogranjas.

Precisamente, la ONG ha denunciado que algunas de ellas albergan miles de cerdos que llegan a instalarse en zonas protegidas e incluso dentro de los límites de algunas de las reservas naturales y humedales más importantes de Europa, como las lagunas de Villafáfila (Zamora) --Zona de Especial protección para las Aves y Zona de Especial Conservación--, un enclave ya minado por varias instalaciones en los pueblos circundantes como Cerecinos de Campos, donde se tramita otro gran proyecto que aspira a albergar a 2.000 marranas de cría.

Desde la consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León han informado a Europa Press que la cabaña porcina de la comunidad autónoma es de 3,8 millones de cerdos, al tiempo que las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente apuntan a una progresiva regresión del ovino.

A este respecto, la técnico de agricultura y desarrollo rural de SEO/BirdLife Ana Carricondo, ha explicado a Europa Press que la tendencia es de menos proyectos nuevos pero cada vez de mayores dimensiones e inversores que controlan todo el proceso de producción, desde el cebadero de lechones y mataderos hasta fábricas de transformación.

Esto, en su opinión, estas inversiones no generan los "prometidos" beneficios a los pueblos de estos entornos rurales, que aquejados por la despoblación y la falta de ganadería y otras actividades tradicionales ven en estas inversiones una posibilidad de empleo. Si bien, en realidad para una instalación de 5.000 cerdas de cría se requiere solamente un puesto de trabajo fijo y alguno temporal más para tareas puntuales de limpieza o mantenimiento.

Además, ha precisado que en 2016 se publicaron en el Boletín Oficial de Castilla y León en torno a 100 autorizaciones de granjas, diez de ellas en Zamora y ha añadido que en lo que va de este año se han anunciado 100 nuevos proyectos, con unas 60 resoluciones de autorización. En los Boletines oficiales de las Provincias respectivos figuran hasta 115 proyectos, de los que 38 se han proyectado en Salamanca; 36 en Soria; 13 en Segovia; 9 en Burgos; 7 en León; 6 en Valladolid; 3 en Zamora; 2 en Ávila y 1 en Palencia.

Si los datos se comparan con los de Aragón, aunque esta comunidad autónoma tiene una menor extensión, en el Boletín oficial de la comunidad figuran 100 proyectos en 2016 y hasta un total de 105 en los boletines oficiales de la provincia. Estos proyectos se localizan: 24 en Zaragoza, 62 en Huesca y 19 en Teruel.

EVALUACIÓN AMBIENTAL INSUFICIENTE

La experta añade que cada proyecto lleva varios trámites además de la licencia urbanística y ambiental, como el suministro de agua o electricidad y, aunque cada proyecto debe pasar su correspondiente declaración de impacto ambiental, Carricondo ve "casi imposible" hacer un seguimiento, ya que la tramitación en ocasiones depende del Ayuntamiento pero en otras el permiso ha de venir de la diputación y finalmente de la comunidad autónoma.

Precisamente ahí está uno de los aspectos más problemáticos de la tramitación, pues según SEO/BirdLife, se dan sucesivos permisos a explotaciones pequeñas pero no se está midiendo, en realidad, el impacto total acumulado de ellas sobre el agua y los ecosistemas acuáticos asociados pues, por ejemplo, en el caso de Villafáfila incluso su plan de gestión permite la instalación de explotaciones ganaderas en el entorno. "Debería realizarse una Evaluación Ambiental Integrada", ha advertido.

"El nuevo proyecto en Villafáfila es un ejemplo más del descontrol con con este tipo de granjas en todo el país, sobre todo en Castilla y León y en Aragón", ha comentado Carricondo.

NUEVO TRÁMITE QUE ESTUDIE EL DAÑO TOTAL

Ante esta situación, esta misma semana el responsable de relaciones institucionales de la ONG, Ricardo Martí, ha remitido una carta al alcalde de Villafáfila, al presidente de la Diputación de Zamora y a la Junta de Castilla y León para reclamarles que se declare "inválido" el procedimiento de esta instalación y se vuelva a abrir un plazo de información pública.

La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, traslada la "preocupación" de la ONG por la presunta "irregularidad" en la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y critica el proceso de información "deficiente" que ha hecho "imposible" presentar las alegaciones correspondientes en el terreno a las partes interesadas.

La carta advierte también de que proyectos de este tipo "dentro" de la Reserva Natural de Villafáfila pueden poner "en riesgo" el adecuado estado de conservación de los ecosistemas acuáticos existentes y la calidad del agua como recurso básico para la población local.

Por ello, la ONG denuncia también que el volumen de residuos ganaderos que generan y la falta de una gestión adecuada "en demasiadas ocasiones" no son asumibles e insta a la Confederación Hidrográfica primero a valorar desde una perspectiva global la posibilidad de conceder este nuevo consumo de agua, y en su caso, a establecer los mecanismos de seguimiento más eficientes para garantizar una gestión de los purines adecuada.

Para Carricondo es igualmente "preocupante" la contaminación de las aguas por exceso de nitratos ante el cual España "no ha propuesto aún un plan". A su juicio, el Gobierno "parece haber abandonado la intención de recuperar los acuíferos contaminados", ya que el 40 por ciento de las masas de agua están contaminadas por nitratos y denuncia que esto no solo conlleva daños ambientales sino de salud pública.

Como muestra de ello ha señalado a la laguna de Gallocanta, entre Zaragoza y Teruel, declarada "vulnerable por nitratos" de modo que el pueblo no puede beber ni siquiera el agua del grifo.

"Existe una expansión sin ningún plan estratégico, tanto sobre el impacto acumulado, el impacto económico o la sobrecarga del mercado", alerta--. "La expansión del sector porcino intensivo se está haciendo a costa del abandono de la ganadería más tradicional y adaptada, tanto a los recursos tanto de Castilla y León como Aragón y otras zonas de España".

La ONG recuerda a las administraciones que es "obligación" en términos de conservación y en particular en el marco de la Red Natura 2000, buscar modelos de desarrollo que compatibilicen rentabilidad y protección ambiental.

Con todo, ve "complicado" demostrar los impactos indirectos de estas granjas y reconoce que la ONG no da abasto a denunciar todos los casos.

"Nos encontramos seguramente en una especie de burbuja del porcino, que concentra el beneficio en los mataderos y transformadores, y depende de un mercado exterior (mayoritariamente chino) que no está garantizado a largo plazo. En unos años, se habrán contaminado aún más las aguas, se habrá desmantelado el modelo territorial y más distribuido de ganadería extensiva y si el cliente chino encuentra otros proveedores o produce por sí mismo, nos enfrentaremos a una enorme crisis", ha sentenciado.