El Defensor del Pueblo pide ser "más categóricos" en protección del menor frente al padre que maltrata a la madre

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Marugán, considera que "un maltratador no puede ser nunca un buen padre" y por eso entiende que, en general, hay que "ser más categóricos" a la hora de mantener este principio en los casos de atribución de custodia o régimen de visitas, por ejemplo.

Marugán se ha expresado así en declaraciones a los medios en el marco de la jornada 'Avanzando hacia la protección efectiva de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género' que acoge este lunes, Día Internacional por los Derechos de la Infancia, la Alta Institución y en la que participan juristas y expertos.

Conforme ha recordado, desde el año 2003 han sido asesinados 23 menores en España (15 de ellos aún no habían cumplido los 12 años) por los hombres que maltrataban a sus madres. "Es una situación literalmente y absolutamente insoportable. Deberíamos hacer un esfuerzo colectivo por atajarlo", ha señalado durante su exposición.

Marugán se ha referido al caso en particular de Ángela González, la ciudadana cuyo ex marido condenado por malos tratos asesinó a su hija de siete años durante un régimen de visitas sin vigilancia impuesto por un juez.

Conforme ha recordado la letrada de la ONG Women's Link Gema Fernández, que ha participado en la inauguración de las jornadas, el caso de González motivó un dictamen del Comité de Naciones Unidas para la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer (CEDAW) que en 2014 reconocía específicamente la responsabilidad del Estado, aunque éste aún no lo ha hecho ni ha tomado medidas para reparar a la víctima.

Marugán, que adquirió con Ángela González, "el compromiso personal" de trabajar para que algo así no vuelva a pasarle a nadie en España, ha insistido en que "un maltratador no puede ser nunca un buen padre y hay que adoptar medidas categóricas" en ese sentido, aunque no las ha enunciado porque, conforme ha señalado, serán los expertos en esta jornada de debate quienes consensúen las medidas que será necesario sugerir a los poderes públicos.

"Este es un tema donde hay cosas que merecen ser reconsideradas", ha señalado, preguntado por si una de sus recomendaciones era que los condenados por maltrato no pudieran acceder en ningún caso a un régimen de visitas.

PRIMERO, EL MENOR

Sobre este asunto se ha pronunciado la letrada del Tribunal Constitucional Iztiar Gómez Fernández, que ha ofrecido una ponencia en las jornadas sobre el estado actual de la situación de violencia en mujeres con hijos e hijas. En su opinión, no debería ser algo sistemático, pero sí primar ante la sospecha de violencia.

"Creo que no hay que decir 'siempre hay que quitar patria potestad o siempre hay que quitar el régimen de visitas' porque creo que las situaciones de maltrato son múltiples, pero creo que el órgano judicial tiene la obligación de analizar esas circunstancias y siempre debe pensar primero en el menor y en segundo lugar, muy en segundo lugar, en el padre. Debe además considerar a la madre y si puede ser sometida a violencia a través de la que se ejerce sobre sus hijos", ha explicado.

La experta incide en que para empezar, "no hay un derecho absoluto del padre a estar con sus hijos" y por ello, "los órganos judiciales deben tener en cuenta que lo más importante es preservar el interés superior del niño, que nunca es estar con alguien que le puede hacer daño".

"Creo que los jueces tienen una responsabilidad muy fuerte y que en los casos en que exista la menor duda de que pueden existir esas agresiones, retirar como medida cautelar el contacto (entre el menor y el acusado) y una vez que la sentencia diga si hay culpables o no, pues tomar unas medidas. Como medida cautelar, mejor pasarse de excesiva protección que tener otro niño en las cifras de víctimas mortales, sin duda alguna", ha añadido.

"UNA CIFRA ESCANDALOSA"

Gómez Fernández ha recordado que en lo que va de año han sido asesinados ocho niños y niñas a manos de los hombres que maltrataban a sus madres (la mayoría eran sus propios progenitores). "Es una cifra escandalosa. Me parece que una sociedad democrática y avanzada como la nuestra no se puede permitir esa cifra de menores víctimas mortales de la violencia de quienes están más allegados", ha apuntado.

Durante su exposición, la letrada ha repasado la legislación vigente en la materia y se ha referido en un aparte al recién aprobado Pacto de Estado contra la Violencia de Género para señalar que si bien tiene "medidas muy interesantes" no goza a su juicio de presupuesto suficiente para que se conviertan en realidad.

Además, ha destacado que "el pacto hay que llevarlo a la ley porque los órganos judiciales valoran y aplican las leyes" y "hasta que no esté ni publicado en el BOE y no sean llevadas a la ley, los órganos judiciales no pueden tomar medidas basadas en el pacto".