El Defensor del Pueblo advierte del "enorme coste social" de la crisis y llama a mejorar las políticas sociales

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha advertido este lunes del "enorme coste social" que ha supuesto la crisis sufrida por España entre 2008 y 2015 y que, a su juicio, ha separado al país "de la senda convergente con la UE". Por ello, llama ahora a todas las autoridades competentes a "cambiar las políticas redistributivas" poniendo la recuperación de la desigualdad en "primer plano" político.

En declaraciones a los medios en el Congreso, tras entregar el Informe Anual del Defensor del Pueblo a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, Fernández Marugán ha reconocido que, aunque el país se encuentra en fase de recuperación económica, esta situación no se ha materializado "en todos los bolsillos". De hecho, ha denunciado la "desigualdad" que ha existido y sigue existiendo en España.

"En el contexto de las políticas sociales al uso, se revelaron como poco poderosas, porque no pudieron neutralizar el deterioro en la condición de vida que venían experimentando las personas con mayores dificultades. Dicho en términos escuetos, la crisis cavó un pozo de desigualdad sin precedentes en España", ha denunciado ante los periodistas.

De hecho, ha señalado a los parados de larga duración, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo, trabajadores pobres, jubilados y personas con dependencia, como los colectivos que, tres años después del final se la crisis, siguen dependiendo de las políticas sociales del Gobierno.

"Los ciudadanos han manifestado una actitud crítica, porque entendían que la respuesta dada por las políticas económicas y sociales no eran las más adecuadas", ha señalado el Defensor del Pueblo, para advertir de que, si alguien cree que estas quejas se han producido sólo "en los años duros de la crisis", se equivoca. "Hay un malestar que se nota en la quejas que se han presentado ahora por parte de los ciudadanos", ha apuntado.

ADVIERTE: SALIR DE LA CRISIS NO REDUCE LA DESIGUALDAD

Para Fernández Marugán, el hecho de que "el momento más duro de la crisis se ha superado" y que en los últimos años "ha crecido el PIB y el empleo", debería ser aprovechado para "revisar el funcionamiento de las políticas sociales" para "mejorarlas", de tal manera que "se incida en el consumo y en la renta de aquellos colectivos que todavía no han cubierto con dignidad su condiciones de necesidad".

En su intervención, Fernández Marugán ha señalado que "es un error creer que cuando se sale de una crisis se reduce por sí sola la desigualdad". "La desigualdad es una lacra que sólo podrá corregirse si se lleva a cabo una política de redistribución activa y decidida", ha insistido, para señalar que en España hay "una situación que es preciso corregir".

Así, ha llamado a los políticos a eliminar "dos elementos no muy convenientes" y existentes en la política española que son "las actitudes imperativas y las actitudes excesivamente categóricas". A su juicio, la combinación de estas dos actitudes "dificulta mucho el abordaje de cuestione relevantes" porque "la predisposición a admitir las alternativas de los demás no es muy abundante".

"De estos comportamientos imperativos y categóricos deberíamos ser capaces de huir y adoptar actitudes más reflexivas. En la España de hoy estamos en condiciones de cambiar en profundidad las políticas redistributivas, pero, además, deberíamos hacer que ese malestar de los ciudadanos se reduzca, porque si no somos capaces de hacer un cambio en estas políticas, no sólo el malestar no se reducirá, sino que se incrementará", ha denunciado.

REFORMAR LA FINANCIACIÓN DE LAS CC.AA.

Como solución, Fernández Marugán llama a regresar al diálogo, la negociación y el pacto, unas prácticas que, en su opinión, "contribuirían a resolver mejor la desigualdad y la ausencia de políticas de distribución".

Basándose en los datos, el Defensor del Pueblo detalla que la crisis supuso una caída en la prestación de los servicios públicos y un descenso de la inversión pública hasta mínimos históricos. En su análisis, los gastos en vivienda, salud y educación crecieron hasta 2009, ejercicio en el que sumaron conjuntamente el 12,7 por ciento del PIB, mientras que en 2016 bajaron al 10,5 por ciento del PIB.

El informe señala que este retroceso no se ha compensado con nuevas políticas sociales, ni con mejoras de las ya existentes. Por ello, y para paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales, la Institución considera necesario reformar de manera urgente el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.

Por ámbitos, el Defensor del Pueblo destaca en materia de Dependencia que la crisis y las medidas adoptadas han dificultado la implantación de la Ley y ha pedido una mejora del sistema de financiación actual y una garantía de incorporación de las personas en espera.

En cuanto a pensiones, ha exigido la adopción de medidas para una progresiva mejora de las condiciones salariales, "ya que parece difícil que a corto plazo el reequilibrio pueda lograrse simplemente a través de la recuperación de los empleos perdidos", ha apuntado.

PROTECCIÓN AL HIPOTECADO

"Es preciso garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica de los actuales pensionistas y de los futuros, pero cualquier reforma del sistema, y en especial de su financiación, ha de llevarse a cabo en el marco del Pacto de Toledo con el mayor nivel de consenso posible", ha indicado.

Finalmente, la Institución también se refiere a los desahucios, que califica como uno de los efectos sociales "más nocivos" de la recesión económica. A su juicio, en esta materia "hay que seguir trabajando para reforzar la protección al hipotecado y recuerda que el procedimiento de ejecución hipotecaria sigue siendo una realidad en España". Además, el Defensor denuncia las políticas tributarias decididas durante la crisis "han agravado el proceso de regresivización del sistema fiscal y lo han hecho, además, durante un periodo en el que, para la mayoría de la población, la renta ha estado estancada o disminuyendo".