El Defensor del Pueblo Europeo investiga el acuerdo UE-Turquía sobre refugiados tras recibir cinco quejas desde España

Las protestas ante el Defensor del Pueblo partían de dos particulares y tres ONG: El Comité Español de Ayuda a Refugiados (CEAR), la asociación Women's Link Worldwide y la Asociación Española de Jóvenes Abogados.

Women's Link Worldwide presentó esta queja el pasado 22 de junio para denunciar la falta de un análisis del impacto que el acuerdo UE-Turquía tiene sobre mujeres, niñas y niños que buscan refugio y que, a su juicio, "supone una violación del marco normativo de la Unión Europea, así como de sus principios y valores".

En el escrito del Defensor del Pueblo Europeo, al que ha tenido acceso Europa Press, alega que "la Comisión Europea no llevó a cabo una evaluación del impacto que el acuerdo tendría sobre los derechos humanos, a pesar de las reclamaciones del Consejo de Europa, las Naciones Unidas y ONG".

"Con la admisión de esta queja, la Defensora del Pueblo reconoce que existen argumentos suficientes como para verificar si la Comisión Europea ha incurrido en una mala práctica y que esta actuación puede estar violando el marco legal de la Unión Europea", afirma la presidenta de Women's Link, Viviana Waisman.

Según advierte Women's Link, el Acuerdo UE-Turquía está dejando a mujeres, niñas y niños en unas condiciones "extremadamente precarias" de alojamiento, alimentación, aseo, iluminación y seguridad". "Las mujeres embarazadas no están recibiendo tratamiento médico adecuado y tampoco hay asistencia médica para bebés recién nacidos y niños pequeños, que se encuentran expuestos a múltiples enfermedades", alerta.

Estas condiciones, según añade la organización, colocan a mujeres, niñas y niños en riesgo de sufrir violencia y abusos sexuales, y los hace aún más vulnerables a las redes de tráfico y a las redes de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Además, denuncia que la falta de personal, de traductores, de abogados y abogadas y el escaso plazo que hay para recurrir y apelar impide que el procedimiento de asilo se realice de manera individualizada aplicando una perspectiva de género y de derechos de la infancia.