El Defensor pide al Gobierno que asegure la participación antes de eximir a proyectos de evaluación de impacto ambiental

Durante 2017 el Defensor realizó distintas actuaciones en defensa del medio ambiente y el entorno rural, como por ejemplo, la actuación de oficio que inició ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando conoció la decisión del Gobierno de eximir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en la localidad coruñesa.

Respecto al caso, recuerda que dos sentencias del Tribunal Supremo anularon la autorización administrativa para instalar dicha planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004, ya que en el momento de emitirse no contaba con instrumento de planificación urbanística adecuado. El Defensor subraya que como la planta tenía que pedir autorizaciones nuevas, el Gobierno "decidió eliminar el trámite de evaluación ambiental para agilizar el procedimiento".

Por eso, la Institución recuerda que la ley de Evaluación Ambiental establece que antes de llevara al Consejo de Ministros una propuesta de este tipo es "necesario" informar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que elabore un informe sobre el estudio de viabilidad ambiental y sobre el resultado de las consultas y la participación pública.

"Así se lo recomendó al Ministerio de Industria que, sin embargo, rechazó la resolución formulada", señala el Defensor que, no obstante ha proseguido sus actuaciones.

En ellas, ha recomendado al Ministerio de Medio Ambiente que en la próxima modificación de la Ley de evaluación de impacto ambiental, se asegure la participación de un órgano ambiental en el procedimiento previo a la decisión por el Consejo de Ministros de excluir un proyecto del trámite de evaluación ambiental.

SIERRA DE LA TRAMONTANA (MALLORCA)

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha pedido al Gobierno de Baleares que realice un estudio que acredite que ciertos cambios en su ley de evaluación ambiental aprobada en 2016 no va a tener consecuencias nocivas en ciertos enclaves y que, ante un posible impacto negativo, se prohíba el acceso a las zonas de máxima protección y, además, de "marcha atrás en el cambio legislativo que lo ampara".

La petición llega tras criticar la rebaja de la protección ambiental de los espacios naturales de Islas Baleares después de que en agosto de 2016 la comunidad aprobara su ley de evaluación ambiental que introdujo modificaciones sobre los usos de zonas de máxima protección medioambiental y para permitir el acceso y la estancia en esas zonas a actividades recreativas de ocio, previa autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Así, a la Institución "le preocupa especialmente" el caso de la Sierra de la Tramontana, en Mallorca, que es parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial protección para las Aves.

Según añade, el Defensor considera que cuando una administración promueve cambios normativos aplicables a los espacios naturales protegidos, estas modificaciones "deben ir precedidas de una sólida justificación técnica que asegura que no se reduce el nivel de protección ambiental existente".

Por tanto, pide a la administración que acredite que los cambios no tendrán consecuencias nocivas y que en caso de posible impacto negativo prohíba el acceso de las zonas de máxima protección y retroceda la modificación normativa.

En ese contexto, además, recomienda a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de Islas Baleares que, antes de promover o tramitar normas que modifiquen el régimen de protección de los espacios naturales, acredite mediante una memoria técnica que la nueva regulación no va a suponer un retroceso en el grado de protección alcanzado.

Durante 2017 el Defensor del Pueblo actuó también ante el posible riesgo sísmico de cuatro proyectos de gas en Doñana; se interesó por problemas causados por el vertedero de Valdemingómez en Madrid y continuó sus actuaciones ante 15 municipios españoles para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población.

La Institución tiene el cometido de supervisar que las administraciones realicen tareas de prevención, compensación, reparación de daños y restauración del medio e instar a que hagan un mantenimiento adecuado y sostenible de los recursos naturales y de la contaminación e impacto ambiental.

Finalmente, también pide a la administración en sus escritos que tenga en cuenta los aspectos ambientales en la normativa así como en la ejecución de planes o proyectos de infraestructuras.