Decenas de manteros se concentran ante el Congreso para reclamar la despenalización de la venta ambulante

A través de un manifiesto, varios de los asistentes a la concentración han denunciado la situación que viven desde la reforma del Código Penal realizada por el PP --en 2010 el Gobierno del PSOE despenalizó de forma parcial la venta ambulante-- por la que pueden acabar con una condena "desproporcionada" de hasta dos años de cárcel.

Mientras, han denunciado, la legislación española "considera una mera falta de fraude fiscal anual hasta los 120.000 euros". "Nosotros vendemos en la calle porque es la forma más honesta que hemos hallado de buscarnos la vida", apunta el documento, a la vez que señala que "no tienen muchas más opciones" ya que "el cruce entre la Ley de Extranjería, Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y Ordenanzas Municipales, les atrapa en un laberinto de criminalizaciones" del que les es muy difícil salir.

"En la calle nos quitan la mercancía, nos ponen multas o nos detienen por no tener papeles. Estas detenciones pueden terminar con un encierro en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o con un juicio y condenas de hasta dos años de cárcel. Con estos antecedentes policiales y penales ya no es posible que nos concedan el permiso de residencia y, sin permiso, ya no puedes obtener un contrato", apuntan los manteros.

PIDEN EL CESE DEL "AGRESIONES JUDICIALES"

Esta petición de los inmigrantes ha sido registrada en el Congreso, a través de una proposición no de ley firmada por Unidos Podemos, en la que, además, los manteros también piden el "cese de las agresiones policiales". "En algunas ciudades, como Madrid o Barcelona, tanto manteros como lateros estamos sufriendo agresiones policiales de forma frecuente", señala el texto que han leído frente a las Cortes.

Según apuntan, sufren humillaciones, violencia física y abusos por parte de la policía, como, por ejemplo, que se queden con la mercancía que están vendiendo. "No podemos denunciar estos hechos porque nos da miedo acudir a una comisaría", critican, para proponer la creación de dispositivos, oficinas o teléfonos especiales donde poder dar testimonio de los abusos que, a su juicio, están sufriendo.