La DGT informará la próxima semana en el Congreso sobre sus medidas para evitar los atropellos a ciclistas

La presencia de Serrano para informar sobre esta materia había sido solicitada por el PSOE, partido que también defendió una proposición no de ley en la Cámara Baja en la que llamaba al Gobierno a poner en marcha políticas preventivas, controles policiales y estrategias para mejorar las carreteras, entre otras medidas, para evitar la muerte de usuarios de la bicicleta.

La iniciativa, que fue apoyada por unanimidad, también llamaba al Ejecutivo a impulsar la reforma del Código Penal con el fin de que los ciclistas no se sientan desprotegidos cuando son arrollados y se endurezca el castigo a los conductores imprudentes se dan a la fuga.

Esta medida consiguió el apoyo de la mayoría de la Cámara el pasado mes de septiembre, después de que el Pleno acordara tramitar una iniciativa del PP para cambiar el Código Penal con vistas a aumentar la pena de omisión de socorro en carretera, de cuatro a nueve años.

Ahora, los socialistas buscan que Serrano explique en sede parlamentaria si su departamento ha hecho caso de las sugerencias apoyadas en la Comisión de Seguridad Vial y si está entre sus planes de futuro reformar la Ley de Tráfico y el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Conductores para adaptarlos al auge de los usuarios de la bicicleta.

HUELGA DE EXAMINADORES

Del mismo modo, el director de la DGT tendrá que dar cuenta, en este caso a petición de Unidos Podemos, de las negociaciones que su departamento ha mantenido con el colectivo de examinadores de tráfico, en huelga desde antes del verano y que han anunciado nuevos paros para el próximo mes de noviembre.

En un comunicado, hecho público esta semana, la asociación que representa a este colectivo, Asextra, ha denunciado la inacción de la DGT durante todo este conflicto y la "falta de soluciones y una gestión pésima" de Serrano ante lo que consideran "la crisis más grave" que ha vivido este sector.

Una petición de un incremento salarial --de algo más de 200 euros al mes-- es el motivo de esta huelga que, según asegura Asextra, la DGT se comprometió a hacerlo efectivo en 2015. El organismo, en cambio, defiende que no es de su competencia este incremento económico y afirman que han trasladado la petición del colectivo a Hacienda. Los examinadores también exigen con estos paros la mejora de las condiciones laborales de su puesto, al haber un déficit en el número de funcionarios.