El Congreso propone que la Policía Local también proteja a las mujeres maltratadas

El informe, que se articula en torno a diez ejes de actuación, también sugiere promover "unidades de apoyo" en el ámbito local, regidas por los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización en las prestaciones y multidisciplinariedad profesional, para que ayuden a las mujeres que pudieran estar viviendo una situación de violencia de género a su identificación, con independencia de la interposición de la denuncia, mediante "un seguimiento individualizado de cada situación, para asegurar la necesaria ayuda y atajar cualquier riesgo o desprotección".

Por otro lado, en el ámbito sanitario, el informe sugiere formar a los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género en las necesidades específicas de las mujeres transexuales o transgénero víctimas de violencia de género e incluir en los protocolos sobre violencia de género, un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres transexuales o transgénero.

Además, el documento contiene medidas en el ámbito audiovisual, como la que propone suscribir convenios con asociaciones de guionistas para fomentar el tratamiento de la imagen de la mujer "libre de estereotipos y prejuicios" en los que "deberán incluirse líneas de formación sobre las consecuencias de la promoción del erotismo prematuro entre las niñas en las series y otros contenidos de televisión".

TRATA, MUTILACIONES GENITALES Y VIOLENCIA SEXUAL

Entre otros puntos que se han ido revelando en los últimos días, el informe también contempla la ampliación de la definición del concepto 'violencia de género' a "todos los tipos de violencia contra la mujer" contenidos en el Convenio de Estambul --matrimonios forzosos, mutilaciones genitales femeninas, trata o violencia sexual--. Recibirán un tratamiento preventivo y estadístico en el marco de la ley de medidas contra la violencia de género pero la respuesta penal en estos casos se regirá por lo dispuesto en el Código Penal y las leyes penales especiales.

En concreto, el documento incluye un epígrafe específico sobre la "visualización y atención a otras formas de violencia contra la mujer", como la de carácter sexual. Así, se creará una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual y se impulsarán medidas de prevención y concienciación sobre esta forma de violencia de género, con campañas, materiales informativos y protocolos de actuación, teniendo en cuenta las diferentes realidades de las mujeres (edad, procedencia o situación de discapacidad), especialmente en el ámbito educativo desde Educación Infantil.

Otro de los puntos del pacto aboga por la inclusión de indicadores en la Macroencuesta de la Delegación de Gobierno para la violencia de género sobre todos los tipos de violencia sexual, con especial atención al llamado "acoso callejero".

La subcomisión del Congreso también insta a aprobar una Ley Integral de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas.

También contempla la elaboración de un estudio sobre las nuevas realidades de la trata y las respuestas operativas que deben implementarse "para que las actuaciones policiales tengan mayor facilidad a la hora de intervenir en espacios de alto nivel de control por parte de los proxenetas, incluidas las viviendas".

DESINCENTIVAR LA DEMANDA DE PROSTITUCIÓN

Para "desincentivar la demanda de prostitución", indica que se harán campañas de concienciación, y talleres dirigidos a los jóvenes" y que las administraciones habrán de difundir información sobre violencias machistas entre las mujeres que ejercen la prostitución y se establecerá un sistema de análisis estadístico que las recoja.

El pacto recoge, asimismo, la puesta en marcha de instrumentos de protección de emergencia para las víctimas de matrimonio forzado y eliminar las trabas para que puedan acogerse al derecho de asilo.

Además, las mujeres maltratadas que no hayan presentado denuncia podrán ser consideradas víctimas y recibir la protección correspondiente a través de otros títulos de acreditación emitidos por servicios sociales o sanitarios.

Además, el Pacto establece adoptar las medidas que permitan que la custodia compartida "en ningún caso se imponga en casos de violencia de género" y no pueda adoptarse, "ni siquiera provisionalmente", si está en curso un procedimiento penal por violencia de género y existe orden de protección.

También se establece el carácter "imperativo" de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera "presenciado, sufrido o convivido" con manifestaciones de violencia.

Igualmente, se suprime la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría, siempre que se respeten los estándares de constitucionalidad en relación con el principio de igualdad.

CAMPAÑAS CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES EN CITA

En el ámbito educativo, el informe establece incluir "en todas las etapas educativas" la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas y garantizar dicha inclusión a través de la Inspección Educativa; designar en los Consejos Escolares de los Centros Educativos un profesor encargado de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad; y realizar campañas de prevención en las universidades, prestando una atención particular a las "agresiones sexuales en cita" y solicitando el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para los programas de formación y prevención.

También contempla que para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio, pueda ser excepcionada la exigencia de cumplimiento de umbral académico cuando se acredite que la persona ha sufrido una situación de violencia de género. En cuanto a los profesores, el Pacto establece que se introduzca en el título de grado de Educación Infantil o Primaria de las Facultades de Educación, tanto en la enseñanza pública como en la privada, una materia específica sobre prevención de la violencia de género en el medio escolar.

Asimismo, recomienda eximir del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en otros impuestos sobre la renta las ayudas y prestaciones que se perciban por razón de la violencia de género por los hijos e hijas menores de edad.