El Congreso pide la comparecencia extraordinaria de Nadal para que explique la indemnización a ESCAL-UGS por Castor

El proyecto de almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) suspendió su actividad después de que durante las pruebas de llenado en agosto de 2013 se registrasen numerosos seísmos en la zona que obligaron a cesar el proyecto en septiembre y a su liquidación a finales de 2014. El Gobierno terminó con la concesión del almacén y la licencia de explotación del almacén revirtió al Estado y se indemnizó a la empresa con 1.350 millones de euros.

Además, se atribuyó a Enagas Transporte los derechos de cobro del sistema gasista, por lo que son los consumidores de gas los que pagan estas compensaciones en su factura hasta 2034. El propio gobierno ha indicado que la hibernación del almacén tiene un coste de unos 16 millones de euros anuales.

En relación con este proyecto, Esquerra Republicana y Compromís-Equo habían pedido la comparecencia en sesión extraordinaria de Nadal para informar de las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional que aprueba indemnizar con 1.350 millones a la concesionaria. Si bien, esta petición ha sido rechazada por 14 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones.

No obstante se han aprobado las otras dos solicitudes de comparecencia extraordinaria del ministro de Energía, una planteada por el PSOE para que Nadal informe de las medidas que adoptará el Ejecutivo tras la citada sentencia y otra, presentada por Unidos Podemos y PdeCat, para que comparezca respecto al pago de una retribución de 96,38 millones a la citada empresa, justo un día después de la sentencia del Tribunal Constitucional.

El diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián ha pedido la comparecencia del ministro Nadal en una sesión extraordinaria para que explique la indemnización a ESCAL-UGS (participada en más del 67% por ACS) que estima que terminará costando "casi 5.000 millones de euros".

A su juicio, el "timo" de Castor es "el resultado del juego económico y político español entre el PP y el PSOE en el que siempre gana Florentino Pérez en esa especie de BOE que es el palco del Bernabeu" y que pagarán los ciudadanos hasta 2034.

Por eso, exige una subcomisión de investigación en la Comisión de Industria y la comparecencia del ministro para saber por qué se "blindó" un negocio en ESCAL-UGS actuó de manera "negligente"; por qué el Gobierno no ha abierto una auditoría y, en definitiva "quién se sigue lucrando" de este proyecto y cuántos años le costará a los ciudadanos "mantener el desastre".

Por su parte, el diputado de PdeCat Carles Campuzano, también quiere que Nadal comparezca y explique por qué el 22 de diciembre el Gobierno aprobó un pago de 80 millones a Escal UGS, justo un día después de que la citada sentencia declarase ilegal la citada indemnización. Para el diputado catalán en el grupo mixto este es "uno de los escándalos más graves" sobre las relaciones entre el poder político y las empresas que gestionan servicios de infraestructuras estratégicas de España.

En la misma línea, el diputado de Compromís Joan Baldoví cree que "con un poco de sentido común" este proyecto no se habría realizado nunca y por ello ve necesaria la comparecencia del ministro para saber lo que va a pasar tras la "anulación" de la indemnización para evitar que "siempre los mismos" sean rescatados "a costa" de los ciudadanos".

Desde el grupo parlamentario socialista, Pilar Lucio ha criticado la "vertiginosa" rapidez en el pago de la indemnización por parte del Gobierno a la empresa cuando "no había urgencia" y cree que hay "muchas decisiones" que aclarar, lo que justifica la comparecencia del titular de Energía a quien ha acusado de tener algo que ocultar por rehusar comparecer.

Entre las preguntas que se hace la diputada socialista, quiere que Nadal explique por qué hay que compensar este activo a ESCAL-UGS, por qué no se corresponsabiliza la empresa adjudicataria y por qué el Ejecutivo, primero devolvió urgentemente el dinero y luego encargó un estudio al MIT. "¿Este gobierno va a ser tan ágil como lo ha sido para gestionar la indemnización?", plantea Lucio.

Desde el grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Pablo Iglesias se ha sumado a la petición de comparecencia de Nadal por el almacén de Castor, al que ha descrito como "la palabra que señala una manera de gobernar, una época y un estilo" que algunos llaman "el regalazo de (el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez) Zapatero y de (el ministro de Industria, Energía y Turismo, Miguel) Sebastián a Florentino (Pérez). "Fue un regalazo de los españoles a Florentino que los españoles siguen pagando en cómodas cuotas en su factura del gas durante 30 años", ha denunciado.

En su opinión, la indemnización es una suerte de "cláusula patriótica" para devolver el dinero si había algún problema en el proyecto del "gran" almacén de gas que ha costado más del doble del presupuesto inicial y vaticina que ahora "la factura del desastre alcanzará 4.700 millones de euros" con los que se podrían financiar más de tres millones de becas o 18.500 aparatos de mamografías.

Por eso, ha pedido al Gobierno que exija a Florentino Pérez, cuya empresa participa en un 67% en ESCAL-UGS, que devuelva la citada indemnización y que el empresario no vuelva a recibir "un solo contrato público".

Para el diputado de Ciudadanos Antonio Roldán, el proyecto de Castor es "otra chapuza que deja el bipartidismo de amiguetes para dar adjudicaciones y contratos que pagan los españoles". Por ello, ve "imprescindible" que el ministro de Energía acuda al Congreso a dar explicaciones al respecto y a aclarar la concesión, así como el coste para los ciudadanos y cómo afrontará el Gobierno ante la sentencia que declara nulo el comentado pago.

Por su parte, el diputado del PP Teodoro García Egea ha culpado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al ex ministro Miguel Sebastián y a los que entonces eran socio de Gobierno, Esquerra Republicana y "algunos que ahora están en Podemos" de haber firmado el citado contrato y, por tanto, estima que son estos "quienes deberían responder".

A su juicio, fue el anterior gobierno socialista responsable de "dejar temblando" a los vecinos de Castellón porque si no se hubiera autorizado la cláusula "abusiva" probablemente el proyecto nunca se habría construido.

Sin embargo, ha acusado al PSOE de pedir responsabilidades por actuaciones de su propio gobierno y ha defendido que el PP recurrió la citada indemnización para evitar pagar la cláusula abusiva pero el Tribunal Supremo acordó que esta cláusula debía pagarse.

"Si hay que traer a alguien es a Zapatero, quien ya ha pedido perdón (...), porque Nadal no estaba en el Gobierno", ha concluido.