El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la paralización del proyecto industrial de Gas Natural en Doñana

La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ERC, Compromís y la antigua Convèrgencia, el voto en contra del PP y la abstención del PNV.

La portavoz del partido morado en el órgano, Eva García Sempere, ha denunciado la intención del Ejecutivo de convertir Doñana en "una verdadera bombona de gas" y dejar su futuro "más que comprometido" con este proyecto que, según ha explicado, afecta ha dos zonas en el interior del parque nacional y a otras tantas en su entorno.

En este sentido, ha explicado que Gas Natural y el Gobierno ha dividido en cuatro un macro-proyecto impidiendo, de este modo, que se puedan analizar los impactos medioambientales sobre Doñana de manera global. Según García Sempere, esta actuación ha permitido al Ejecutivo aprobar el proyecto "por la puerta de atrás", sin aceptar las peticiones de informes geológicos que se han solicitado por parte a la Junta de Andalucía o de asociaciones ecologistas.

La respuesta del portavoz 'popular', Ernesto Aguiar, es que la autoridad competente para aprobar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que su única voluntad ha sido cumplir la ley. Así, ha desmentido que no haya informes sobre el impacto medioambiental de este almacenamiento de gas y ha criticado que algunos "duden de informes de expertos porque no se corresponde con lo que creen que deben decir".

RECUERDOS AL CASO CASTOR

Desde el PSOE, su diputada Josefa González ha defendido su apoyo a la propuesta de Unidos Podemos señalando que "la conservación de Doñana no es negociable", mientras que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha remarcado la necesidad de preservar de un entorno hostil uno de los ecosistemas de los que el país está más orgulloso.

Por su parte, el portavoz de ERC, Francesc Eritja y los representantes del Grupo Mixto en la comisión, Antoni Postius (CDC) y Enric Bataller (Compromís) han declarado su desconfianza hacia el Gobierno al ver similitudes entre este proyecto y el de Castor, que se llevó a cabo frente a las costas de la Comunidad Valenciana y Cataluña.

"Esa iniciativa terminó con seísmos, indemnizaciones y cero responsabilidades del Gobierno. Hemos pagado entre todos el fiasco de Castor, por lo que no nos fiamos del Ejecutivo en este tipo de proyectos", ha declarado Postius. En este sentido, Bataller ha apuntado que, en total se entregaron 1.300 millones de euros a la empresa concesionaria.

Eritja también ha señalado que existe "mucho riesgo" en intervenir en espacios de protección ambiental y ha denunciado la presión continua que sufren estos terrenos por parte de la industria.