El Congreso pide al Gobierno que impulse una ley para penalizar las imprudencias leves de tráfico causantes de muerte

Se trata de una situación que las víctimas de tráfico vienen denunciando desde la reforma del Código Penal que entró en vigor en 2015 que despenalizó las faltas. Además, la nueva norma despojó de las garantías a la tutela judicial efectiva, entre otros, a las víctimas de homicidio cometido por imprudencia leve, es decir, entre otros, a los accidentes de circulación causantes de muerte.

La iniciativa socialista, que fue transaccionada el con PP, Unidos Podemos y PDeCAT, pide que esta nueva norma se realice con la información recabada por un grupo de trabajo formado por juristas, expertos en seguridad vial, cuerpos y fuerzas de seguridad, representantes de las distintas administraciones y de las asociaciones de prevención de accidentes de tráfico y ciclistas, entre otros actores, que deberá reunirse durante seis meses.

Del mismo modo, el texto sugiere que, hasta que no se realicen las modificaciones legales necesarias, las Unidades de víctimas de accidentes de tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT) y otros organismos competentes, intensifiquen su atención a las víctimas de estos siniestros velando de manera específica por la realización efectiva de sus derechos, incluido el resarcimiento en todos los supuestos de conductas, como el homicidio o las lesiones cometidas por imprudencia leve.

PSOE Y PODEMOS ECHAN LA CULPA A LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL PP

Tanto la portavoz del PSOE en la citada comisión, Mercè Perea, como su homólogo de En Comú Podem, Jaume Moya, han señalado que la situación en la que se encuentran las víctimas de accidentes de tráfico es consecuencia de la legislatura de mayoría absoluta del PP que les llevó a reformar normas sin "reflexión".

Para Perea, esta reforma ha supuesto el "desamparo judicial a miles de ciudadanos" y, como ejemplo, ha destacado la omisión del deber de socorro, que actualmente no supone un delito. "Demuestra una falta de solidaridad que merece un reproche moral y deberíamos estudiar qué otro tipo de políticas hemos de adoptar para prevenirla suficientemente para que no se produzca", ha declarado.

Por su parte, Moya ha recordado que muchos de los accidentados pierden su trabajo, necesitan apoyo psicológico y moral o el acompañamiento constante por parte de sus familiares. A su juicio, la reforma de 2015 no sólo les deja en una extrema precariedad judicial, sino también de salud y económica.

PP: "ES BUENO RECTIFICAR"

El PP se ha unido a los votos a favor de esta iniciativa aunque ha negado las acusaciones de la oposición en cuanto de "desprotección" de las víctimas y ha defendido que la reforma se hizo bajo el principio de mínima intervención del derecho penal.

"Es verdad que en esas faltas se sacaron del derecho penal en general, pero quizá no había que haber sacado las relacionadas con la circulacion", ha apuntado el portavoz 'popular' Pablo Matos, quien ha señalado que " es bueno rectificar en algunas cuestiones".