El Congreso pide al Gobierno que recupere la indemnización concedida a Escal Ugs por el proyecto Castor

Así lo recoge en el texto votado, que ha contado con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, en la que, además, también pide iniciar acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de Escal Ugs por "los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia" de la puesta en funcionamiento del almacén de gas.

Además, llama al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para impedir que, en el futuro, sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio.

"Para ello, se dará un mayor protagonismo a la Oficina Nacional de Evaluación para mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control anterior a la licitación y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos", apunta la propuesta.

UN CALENDARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO

La pasada semana el ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconocía que el proyecto Castor nunca debió existir" y que "lo ideal" es desmantelarlo con cuidado. En este sentido, el texto llama a establecer una calendarización para el sellado de pozos y el desmantelamiento de las instalaciones de Castor, tanto las terrestres como las marinas.

Unidos Podemos plantea que, con la participación de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de las localidades afectadas, se busquen soluciones "responsables, transparentes y no onerosas para las arcas públicas".

Así, piden al Gobierno a elaborar estudios técnicos sobre la afectación que la hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente y otras instalaciones de riesgo presentes en la zona; realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que han sufridos las poblaciones cercanas a las costas de Castellón y Tarragona, como consecuencia de los terremotos y, de este modo, realizar las reclamaciones que correspondan.

ENVIAR EL INFORME DEL MIT A LOS JUZGADOS

Además, piden que se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes elaborados por la Universidad de Standford y el Massachussetts Institute of Technology (MIT) relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto.

En este sentido, el portavoz de la formación morada en esta materia, Josep Vendrell, ha denunciado "el menosprecio" del Ejecutivo hacia los diferentes informes sobre el riesgo enviados por diferentes centros de investigación y organizaciones, que ya alertaron de las posibles consecuencias del almacén de gas.

Además de denunciar que el concurso para la adjudicación de este proyecto "estaba hecho a medida de la única empresa que se presentó" y, por lo tanto, "no hubo concurrencia real", Vendrell también ha criticado que el Gobierno decidiera, finalmente, resolver este problema buscando la solución "más beneficiosa para la empresa y más onerosa para la ciudadanía". "1.649 millones en una época en la que había graves recortes sociales", ha apuntado.