La Comisión Europea encarga otro informe a la Agencia Ferroviaria para saber si España cumple la normativa

La Comisión Europea quiere que la Agencia Ferroviaria Europea redacte un nuevo informe para conocer si el Estado español cumple con la normativa en materia de seguridad e interoperabilidad, en relación a las denuncias interpuestas por la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago).

Así consta en una comunicación de la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, a la presidenta de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, Cecilia Wikström, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Con fecha del pasado 3 de julio, Bulc recuerda a Wikström que la Comisión "no puede reemplazar a los estados miembro", consciente de que la comisión de peticiones, como ella, considera que las autoridades competentes --es decir, España-- deben abrir nuevas investigaciones" sobre las causas del siniestro.

La responsable de Transportes del órgano de gobierno de la Unión Europea apoya "plenamente el objetivo primordial" de indagar y resolver cuáles fueron exactamente las circunstancias por las que se dio el descarrilamiento, más allá del despiste del maquinista, que circulaba con un exceso de velocidad a la llegada a la curva de A Grandeira por atender una llamada del interventor.

INVESTIGACIÓN "INDEPENDIENTE"

Incide, al respecto, que ella misma, durante su última visita a Madrid --en febrero--, reiteró la necesidad de que se haga una investigación "independiente". Y es que en un primer informe encargado a la Agencia Ferroviaria Europea, esta dictaminó que la que realizó la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios, órgano colegiado que se inscribe en el Ministerio de Fomento) no lo fue.

Precisamente al organismo español competente, la comisaria le ha instado personalmente, según indica, a "que siga el consejo" de la Agencia sobre "las fortalezas y debilidades" de su informe. A mayores, los servicios de la comisión enviaron una carta a la CIAF invitándole a reabrir la investigación. Frente a esto, el órgano ha dicho que estudiaría si cambiar de criterio, pero por el momento no ha dado señales de que vaya a cambiar su dictamen.

LISTA PARA "OTRAS ACCIONES"

Por último, y como parte de un proceso "paralelo y distinto", Violeta Bulc informa a la presidenta de la comisión de peticiones que la Comisión "tiene la intención de encargar" la redacción de un informe a la Agencia Ferroviaria Europea sobre "el estado de implementación y aplicación de la legislación de la UE sobre seguridad ferroviaria e interoperabilidad en España".

"Comparto plenamente las preocupaciones de la asociación de víctimas sobre la situación actual", subraya Bulc en este nuevo espaldarazo a la plataforma de afectados.

Por último, traslada que está lista, además, para "emprender otras acciones necesarias" dentro de sus competencias e indica a Wikström que le mantendrá informada sobre nuevos avances en este asunto.

PRECEDENTES Y CONTEXTO

Este nuevo paso de la Comisión Europea sigue a otros en la materia como el procedimiento abierto por incumplimiento de la normativa debido a la falta de independencia de la CIAF. El Gobierno español respondió a esto cambiando la manera en que se elige a sus miembros, tras lo que Europa cerró el expediente.

Además, se produce en un momento en el que el BNG ha presentado una denuncia justamente por este motivo: el supuesto incumplimiento de la normativa de seguridad e interoperabilidad por parte del Estado español.

Este fue uno de los dos puntos --junto al de publicidad engañosa-- que denunciaron las víctimas en enero durante su participación en la comisión de peticiones de la Eurocámara.

Más adelante, hicieron llegar sus dudas acerca del cumplimiento de la normativa de seguridad e interoperabilidad al responsable de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, en relación con el hecho de que Adif (el administrador de infraestructuras ferroviarias) encargase cinco años después de su inauguración el preceptivo certificado 'CE' de interoperabilidad de la línea Ourense-Santiago, en la que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas el 24 de julio de 2013.

En el plano judicial, el instructor de la causa también ha solicitado a la Agencia Ferroviaria Europea que aporte un informe, aunque debe volver a enviar esta encomienda, puesto que el juzgado la envió a una dirección incorrecta.

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 --que mantiene como investigados tanto al conductor del convoy como al director de seguridad de Adif, y prevé llamar a su homólogo en Renfe-- aspira a que estos expertos se pronuncien acerca de si la evaluación de riesgos a la que obliga la normativa fue realizada en la línea en la que ocurrió la tragedia.