Cientos de personas con discapacidad intelectual protestan frente al Constitucional: "¡Queremos votar!"

La protesta, organizada por el CERMI, Plena Inclusión y Down España, es consecuencia de la decisión del alto tribunal de no admitir a trámite un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado que pedía que Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual, pudiera votar. Esta situación afecta a unas cien mil personas en España cuyas sentencias de incapacidad les impiden ejercer el derecho de sufragio.

Detrás de varias pancartas con el lema 'Por el derecho al voto de las personas con discapacidad', los asistentes han pedido durante una hora la reforma de la Ley electoral para acabar con esta "discriminación", que es contraria además a la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad, firmada por España hace diez años.

Antonio, un joven que trabaja en Plena Inclusión y la madre de Mara, María del Mar Caamaño, han leído un manifiesto, en el que han exigido la al Gobierno y a los partidos, además de la reforma de la ley electoral, facilitar la participación política de este colectivo, adaptar la información electoral o formar parte de las mesas electorales.

"A NINGÚN CIUDADANO LE EXAMINAN PARA VOTAR"

"A Mara le hicieron un examen. Dijeron que no conocía muchas cosas, como los partidos políticos o el valor del dinero. A ningún ciudadano le examinan para votar. Muchas personas tampoco saben esas cosas y votan", alerta este colectivo en su manifiesto, redactado en 'lectura fácil'.

En declaraciones a los medios, María del Mar Caamaño, se ha preguntado qué pasaría si se examinara a todos los ciudadanos españoles con edad de votar, pues está convencida de que no aprobaría la mayoría. Asimismo, ha apuntado que la discriminación se produce en la propia familia de las personas con discapacidad intelectual, pues en la suya, su hija pequeña dentro de dos años cumplirá la mayoría de edad y podrá votar, mientras que Mara, que lo ha hecho hasta ahora, "ya no".

"Mara no coincide con la ideología de la familia, pero ella cogía su papeleta delante de todos y ejercía su derecho al voto, como cualquiera", ha explicado su madre, que no entiende cómo en 2017 se sigue vulnerando este derecho.

EL TC, "INAMISTOSO" CON LA DISCAPACIDAD

En declaraciones a Europa Press, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha indicado que la interpretación que hace el Tribunal Supremo de la Constitución y de la Convención de la ONU, "priva" del derecho al voto, fundamental para la participación política. "Entendemos que este tribunal no ha asumido una cultura de derechos humanos aplicada a la discapacidad", ha aseverado.

Para Pérez Bueno, el "problema" está en la reforma de la Ley electoral, pero también sostiene que el Constitucional tenía que haber admitido el recurso y amparado a las personas con discapacidad y haber declarado inconstitucional la normativa en ese apartado: "Se desentendió, no quiso aceptar el recurso de amparo de Mara y sentimos este tribunal como inamistoso con las personas con discapacidad".

A su juicio, en esta Legislatura se tiene que cambiar la ley porque "no se puede consentir una infamia como la de tener a cien mil personas privadas de este derecho". Por eso, ha avisado de que los colectivos de discapacidad quieren "forzar" este asunto en la agenda política, pero también hacer una "llamada de atención" al Constitucional del que se sienten "desatendidos".