El CERMI denuncia que las universidades españolas no incluyan aspectos de diseño inclusivos en sus planes de estudios

En este sentido, el CERMI ha recordado que la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2003, recogía un mandado que establecía un plazo de dos años desde su entrada en vigor, el 4 de diciembre de ese mismo año, para que el Gobierno desarrollara currículo formativo en "diseño para todas las personas" en todos los programas formativos universitarios para la formación de profesionales en los campos del diseño y construcción del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información.

Sin embargo, el CERMI asegura que este mandado fue incumplido, al igual que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que, atendiendo a lo recogido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, prescribió que el Gobierno debía fomentar la inclusión de la formación en diseño para todas las personas en el desarrollo de los correspondientes currículos formativos.

Asimismo, el CERMI ha constatado el incumplimiento de la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades que recoge la obligación de que los planes de estudios propuestos por las universidades se realicen desde el respeto y la promoción de los principios de accesibilidad universal y el diseño para todos.

Como consecuencia, el CERMI ha denunciado que los títulos universitarios actuales, así como los procedimientos de Verificación y Modificación que se realizan desde la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y Agencias evaluadoras autonómicas, no cumplen la normativa.

Por ello, el Comité solicita la intervención del Defensor de Pueblo y de la OADIS a fin de que insten al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a que hagan efectivas estas disposiciones legales, como medidas necesaria para constituir una cultura vinculada a la accesibilidad universal, como paso "imprescindible" para la inclusión y convivencia de las personas con discapacidad.