CCOO denuncia que España incumple el plazo de trasposición de la Directiva de radiaciones ionizantes

"Es inaceptable retrasar la trasposición de una Directiva que afecta a un problema de salud pública y laboral de primer orden", ha señalado el secretario de Salud laboral de CCOO, Pedro J. Linares, quien señala que su trasposición completa es "urgente".

Considera que es necesario que el Gobierno realice las oportunas consultas a los agentes sociales, y ponga en marcha el plan de acción nacional sobre el radón. "Pero este plan debe desarrollarse implicando a las autoridades sanitarias y laborales, además de las de industria; debe prever la tutela de las autoridades laborales respecto de las exposiciones en los lugares de trabajo, y debe coordinarse con las CCAA para dedicar los recursos económicos y humanos necesarios para velar por el cumplimiento de la legislación en materia de radiaciones ionizantes, y no hacer dejación de funciones como se viene haciendo con la actual normativa en vigor desde 2012", ha afirmado.

La Directiva 2013/39/Euratom sustituye a las anteriores Directivas que regulaban las normas de seguridad que protegían frente a las exposiciones a radiaciones ionizantes, incluidas las de origen laboral, y que dieron lugar, entre otros, al Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y a la Instrucción IS-33 del Consejo de Seguridad Nuclear sobre criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a radiación natural.

Entre las exposiciones a radiación natural destaca la exposición a radón, gas radiactivo proveniente de la descomposición del uranio presente en las rocas del subsuelo, que se acumula fundamentalmente en plantas bajas y sótanos y que constituye la segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco (se estiman 1300 fallecimientos por cáncer de pulmón al año atribuibles al radón en España), y primera causa laboral en relación a este tipo de cáncer, una vez prohibido el consumo de tabaco en los centros de trabajo.

Esta Directiva prevé una importante reducción de los niveles máximos de concentración de radón, que pasan de los 1.000 Bq/m3 a 300 Bq/m3, y la obligación de establecer un plan de acción a nivel nacional que incluye la prevención en los lugares de trabajo.

Asimismo, CCOO se ha dirigido a las Consejerías de Industria de las CCAA para solicitar información del grado de cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el radón: número de empresas con radiación natural registradas, número de trabajadores afectados, recursos destinados para la inspección. Tan solo han respondido 3 comunidades (Asturias, Castilla y León y País Vasco), y de ellas se desprende que el grado de cumplimiento es muy pobre, con un total de sólo 20 empresas registradas, y con una gran precariedad de medios humanos dedicados a la inspección y control de la normativa.