Nueve CCAA no aplicarán el copago farmacéutico que entra hoy en vigor

Esta medida, que la ministra de Sanidad, Ana Mato, justificaba en la Cámara Baja como una medida de ahorro para garantizar la incorporación de fármacos innovadores al Sistema Nacional de Sanidad, ha sido rechazada por su fondo por Andalucía - que este lunes hacía efectivo el primer el recurso de alzada contra la medida -, Baleares, Canarias y País Vasco -las dos últimas han anunciado posibles recursos de persistir la medida-.

Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal; el resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho copago por motivos de gestión en su implantación.

Este copago, que se publicaba el jueves 19 de septiembre el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya se anunció hace unos meses y viene motivado por la necesidad de que todas las CCAA, "que son las que lo tienen que ponerla en vigor", utilicen la asignación de aportación reducida para estos fármacos, señalaban en su momento fuentes de Sanidad.

"Se ha comprobado que no todos los fármacos dispensados tenían esta consideración y antes de que las CCAA lo pongan en vigor el Ministerio de Sanidad lo que hace es asegurarse que todos los medicamentos serán de aportación reducida", han añadido.

En total son 157 presentaciones farmacológicas de poco más de 50 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves --oncológicos, hepatitis, reprodución asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros-- que, hasta ahora, estaban exentos de pago.

Estos medicamentos, según señalan desde Sanidad, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del SNS, a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".

La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un 10 por ciento del PVP del medicamento, con un máximo actualmente fijado en 4,20 euros, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

"Esto significa que si el medicamento cuesta 30 euros la aportación será de 3 euros, pero si el medicamento cuesta 100 euros la aportación no será más de 4,20 euros porque ese es el tope", explicaban.

Rechazo de médicos y pacientes

Por otra parte, la medida ha suscitado desde el primer momento el rechazo de pacientes, médicos y de los distintos grupos de la oposición. El PSOE ha apoyado la posición manifestada por las comunidades y ha instado al Gobierno a que deje "sin efecto" dicha medida, al tiempo que pedía la dimisión de Mato.

Mientras, el portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha calificado al Real Decreto de copago farmacéutico de "infamia y gestión desleal" de la sanidad pública; mientras que desde UPyD destacaban la escasa recaudación de la medida.

En cuanto a los pacientes y médicos, la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) denunciaba que la Administración ignore "sistemáticamente" la alta prevalencia de afectados por esta enfermedad; la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), remitía una carta a Mato expresándole "el impacto que supondría en los enfermos de patologías hepáticas"; y la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer recordaba que la medida "perjudica a los niños y adolescentes enfermos de cáncer".

Por su parte, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha calificado de "plenamente injustificado" el copago de fármacos de dispensación hospitalaria ya que, a su juicio, es una medida que plantea "dificultades" en su aplicación y, además, "no contribuye" a racionalizar el consumo ni sirve como instrumento de financiación adicional.

Tambien, FACUA-Consumidores en Acción acusó al Gobierno y, concretamente al Ministerio de Sanidad, de llevar a cabo un "nuevo ataque" contra los enfermos que padecen enfermedades crónicas o graves.