Las CCAA se adhieren al Pacto de Estado contra la Violencia de Género en espera de que llegue la financiación

Las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han aprobado este miércoles su adhesión al Pacto de Estado contra la Violencia de Género que redactó el Congreso de los Diputados, en espera de que el Gobierno libere la financiación comprometida, 200 millones de euros que según la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, estarán disponibles "en el primer trimestre o primer cuatrimestre" de 2018.

Según ha explicado en rueda de prensa al término de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada en la sede de su departamento, "la voluntad del gobierno es que haya Presupuestos Generales del Estado en los primeros meses de 2018" y de haberlos, "el compromiso" es que incluyan esa partida.

"Si no los hubiera y continuáramos con la prórroga, también y como mandató el Parlamento, el Gobierno de España se ha comprometido a modificar el presupuesto de 2017 para incluir la primera partida de 200 millones que está en el Pacto. En principio, hemos hablado de tenerlo en el primer trimestre o primero cuatrimestre de 2018 si hay prórroga y no hay presupuestos", ha asegurado.

Lo que sí se ha previsto ya es cómo se repartirán esos fondos cuando lleguen, pues según ha explicado la ministra, el plan es que 100 millones sean ejecutados por las comunidades autónomas en función de "criterios objetivos de reparto" que se consensuarán en una nueva Conferencia Sectorial, 20 millones para los ayuntamientos y 80 millones a ejecutar por el Gobierno central.

Con ese dinero, se deberán ejecutar las medidas que Gobierno y comunidades autónomas han acordado dar prioridad en 2018, un total de 26 iniciativas pactadas en una Comisión Técnica el pasado 30 de noviembre cuyas conclusiones ha refrendado ahora la Conferencia Sectorial. Incluyen, entre otras, prevención de la violencia de género y sexual en todas las etapas educativas, formación del profesorado, detección precoz en el ámbito sanitario o ampliar la formación especializada en justicia y fuerzas de seguridad.

Asimismo, se han incorporado como prioritarias 6 medidas para la asistencia y protección de los menores como la realización de estudios sobre su situación, la suspensión del régimen de visitas, la prohibición de que el padre maltratador acceda a grabaciones de la exploración judicial de los menores, refuerzo del apoyo y asistencia a estos niños y formación especializada para quienes trabajan con ellos.

Precisamente, sobre los plazos para la puesta en marcha de las medidas, Montserrat ha explicado que las que conllevan reformas legislativas serán "más lentas" por los plazos que conllevan de por sí, pero hay otras que serán más inmediatas. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno está trabajando ya en "homogeneizar protocolos de protección de las víctimas" y "agilizarlos", así como en "la evolución de competencias de los ayuntamientos". "Empezaremos a legislar para llevar al Parlamento algunas medidas", ha añadido.

También en la comisión técnica de noviembre se acordó la creación de una serie de grupos de trabajo por áreas temáticas para hacer seguimiento del pacto: "Detección, sensibilización y formación", "Respuesta institucional, coordinación y trabajo en red", "Asistencia y protección a víctimas de la violencia", "Conocimiento y Seguimiento (en el seno del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer)", "Otras formas de violencia" y "Compromiso económico y seguimiento del pacto". Este asunto ha recibido el visto bueno de todas las comunidades.

Por último, la Conferencia Sectorial ha "tomado en consideración" el informe que el Senado aprobó en julio también para la consecución de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que, finalmente, no se ha refundido con el trabajo posterior que se hizo en el Congreso de los Diputados y que se ha aprobado íntegramente.