El BNG presenta hoy en Europa una denuncia contra España por incumplir la obligación de evaluar riesgos

La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, presentará este viernes en la Secretaría General de la Comisión Europea una denuncia contra el Estado español por infracción del derecho comunitario en materia de seguridad ferroviaria, en relación con el accidente del tren Alvia que ocurrió hace ahora casi cuatro años en el barrio compostelano de Angrois. Murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.

En el texto, que recoge Europa Press, la nacionalista, vicepresidenta de Alianza Libre Europea, considera que debe abrirse un nuevo procedimiento de infracción contra España "por la vulneración de la normativa europea aplicable sobre seguridad e interoperabilidad ferroviaria".

En concreto, se centra en el mismo punto que trata de dirimir en estos momentos la causa en los juzgados compostelanos: el control integral --abarcando todos los subsistemas-- de los riesgos y "la verificación de cambios sustanciales" en la seguridad ferroviaria concernientes tanto a la línea que conecta Ourense-Santiago como al tren Alvia y a "las condiciones de seguridad" del proyecto.

"La normativa comunitaria exige que los Estados miembro velen por que la responsabilidad de la explotación segura del sistema ferroviario y del control de riesgos creados en él corresponda a los administradores de la infraestructura y a las empresas ferroviarias, en el caso español, a Adif y Renfe, que tienen que aplicar obligatoriamente las medidas necesarias de control de riesgos conforme a la directiva de 2004 de seguridad", subraya en la denuncia.

Este viernes, cuando se cumple justamente un año de la revelación del informe de la Agencia Ferroviaria Europea sobre la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), Miranda la registrará en Bruselas. El lunes prevé reunirse con el jefe de gabinete de la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, que en los últimos meses se ha mostrado muy comprometida con las víctimas del accidente.

TRASPOSICIÓN

Tras un detalle pormenorizado de la normativa de la Unión Europea "infringida" --directivas, reglamentos, decisiones y recomendaciones--, la argumentación de la denuncia concluye, en primer lugar, que el Estado español incorporó "de forma parcial" y no dentro del plazo exigido la directiva de seguridad ferroviaria al derecho interno español, con un decreto de 2007.

"Como estaba incompleta la trasposición y con el objeto de completarla y cumplir los requisitos fijados por la Comisión Europea, fue completado, con posterioridad, solo después del accidente del tren Alvia", afirma, en alusión a otro decreto de 2014 (por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios y la CIAF).

La presentación de este documento por parte del Bloque se produce después de que la Comisión Europea haya escrito esta semana a la CIAF, para invitarle a reabrir la investigación sobre el siniestro de la curva de A Grandeira.

En una comunicación a la plataforma de afectados, la comisaria Violeta Bulc recordó que un anterior procedimiento de infracción relacionado, precisamente, con la falta de independencia de la CIAF, fue ya archivado tras las medidas que adoptó el Gobierno español.

OTRO PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN

Sin embargo, añadió que "ello no significa que la Comisión no pueda abrir un nuevo procedimiento de infracción basado en otras deficiencias o en incumplimientos de la legislación de la UE", y adelantó su intención de pedir a la Agencia Ferroviaria Europea un nuevo informe sobre "la situación de la aplicación de la normativa de la UE sobre seguridad e interoperabilidad en España". Esta medida la presentó, de hecho, como "paralela y distinta" a las impulsadas hasta ahora.

La propia Ana Miranda, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que en la reunión que mantuvo con Bulc el pasado abril en Estrasburgo le dejó claro este extremo: que la puerta no está cerrada a otro procedimiento de infracción.

Así las cosas, la portavoz del BNG formaliza este viernes la solicitud de apertura de un nuevo procedimiento de infracción contra España por, supuestamente, no evaluar los riesgos. "De haberlos evaluado, la línea no estaría en marcha con ese material, y el accidente no se habría producido", ha advertido la nacionalista.

Al respecto, ha incidido en que, "de cumplirse la normativa, los riesgos estarían determinados y habría medidas paliativas y correctoras para que no quedara la seguridad en las manos solo de una persona".

Precisamente el instructor del caso acaba de reclamar un informe a la Agencia Ferroviaria Europea sobre estos aspectos, acerca de los cuales el organismo comunitario ya se pronunció tanto en su anterior escrito sobre la indagación que hizo la CIAF como en una respuesta a los afectados, dejando claro que la evaluación de la peligrosidad era preceptiva y no se hizo adecuadamente.

RENFE, ADIF Y FOMENTO

La denuncia que presenta Miranda apunta al incumplimiento del reglamento de 2009 sobre la adopción de un método común de seguridad pues, según argumenta, "los responsables del Gobierno español a través de sus funciones y responsabilidades jurídicas y corporativas, tanto de la operadora como del administrador y de los responsables políticos, no garantizaron el control de los riesgos".

No garantizaron tampoco, según añade, "la efectividad del sistema de gestión de seguridad" mediante evaluaciones de riesgo sobre el diseño de los cometidos de los conductores de tren y el diseño del material rodante del tren Alvia serie 730, así como de sus posteriores modificaciones antes de que la línea entrase en servicio y con posterioridad hasta el trágico día del accidente.

Señala directamente a Renfe, a Adif y también al Gobierno de España, por el Ministerio de Fomento y la Dirección General de Ferrocarriles. A esta última la vincula con la autorización y certificación de seguridad en relación con la línea y el tren.

A modo de resumen, al término del texto, llama la atención sobre que la evaluación "específica" de riesgos "debe incluir" la identificación de posibles peligros en la conducción por la interacción entre subsistemas, "en condiciones operativas normales y complicadas".

Agrega una referencia a la "conexión con el personal de conducción y de tráfico cuando el tren viaja desde la cabecera hasta el final de la línea o a un tramo alternativo y su conexión a la red existentes".

Por último, habla de la "viabilidad del diseño en las distintas fases de construcción" y resalta que el análisis debe promover su aplicación en las líneas que ya están en servicio.

UNOS SEIS MESES

Ana Miranda ha explicado a Europa Press que este tipo de denuncias suelen implicar un plazo de unos 15 días para que la Comisión certifique el registro y otros seis meses después, aproximadamente, para que indique si es admisible o no.

En este contexto, la portavoz del Bloque ha dado permiso a la Comisión Europea para que dé su información al Ministerio de Fomento en caso de que este quiera saber quién presentó la denuncia.