Asociaciones por la custodia compartida piden que Juana Rivas entregue a sus hijos y denuncian que les pone "en riesgo"

"El sistema judicial de España, basándose en la legislación vigente y en los convenios firmados por nuestro país, ha dictado sendas sentencias de obligado cumplimiento para la madre, que se niega a acatar, alegando que lo hace por sus hijos, es decir tomándose la justicia por su mano, sustrayendo y situando a los menores en el centro del conflicto, por lo que ahora rotundamente podemos afirmar que ella les ha puesto en situación de riesgo", subraya en un comunicado la plataforma formada por la Confederación Estatal de Asociaciones de madres y padres divorciados (Conpapaymama), la Unión de Asociaciones y Federaciones por la custodia compartida (UEFACC), Abuelos Separados de Sus Nietos, Custodia Paterna y SOS PAPA.

El portavoz de esta plataforma, Justo Sáenz, ha reclamado en declaraciones a Europa Press que se defiendan "dos cuestiones fundamentales", por una parte, "la protección del derecho de los menores" y, por otra, "el Estado de Derecho y las sentencias".

"Proteger sobre todo los intereses de los menores y cumplir la ley, y no presionar a los jueces de la manera como se está haciendo. Hay que dejarles trabajar, porque esto no va en beneficio de la Justicia ni en beneficio de los menores. Si realmente va a la justicia, la justicia va a tomar las medidas oportunas", ha subrayado Sáenz.

Además, la plataforma pide que "con carácter urgente" se traslade la denuncia de la madre a la justicia italiana, "que es la competente". Según precisan las asociaciones, Juana Rivas, "al formar una familia con un súbdito italiano y conviviendo ella y sus hijos en Italia, aceptó que los jueces italianos fueran los que dirimieran los conflictos que pudieran surgir consu pareja".

Por otro lado, reclaman a las instituciones, partidos politicos y a la sociedad civil que "respeten la independencia del poder judicial no presionando en sus decisiones y cumpliendo sus sentencias".

Según precisan, estas sentencias se han dictado con "un conocimiento exhaustivo del caso, en cumplimiento de la legislación vigente y con los informes favorables de los equipos psicosociales", por lo que consideran que hablar de "jueces poco preparados y psicólogos incompetentes para justificar su no cumplimiento" es "temerario" y "un ataque directo al Estado de Derecho".

También piden que no se "politice" ni se "utilice" el caso de Juana Rivas "para desprestigiar la custodia compartida, confrontar hombres con mujeres y dar una visión de una sociedad donde abundan los maltratadores y malos padres".