Arranca la Sectorial de Educación con el ministro y todos los consejeros, que esperan un acuerdo sobre las 'reválidas'

En un clima más distendido que en anteriores ocasiones, el ministro y representantes autonómicos esperan alcanzar un acuerdo en torno a este texto, que tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y por el Pleno del Congreso de los Diputados para ser convalidado. El ministro espera que el Gobierno dé luz verde a esta reforma de la LOMCE este mes de diciembre.

Antes de entrar en el ministerio, la consejera andaluza, Adelaida de la Calle, ha afirmado que está "muy contenta" con los cambios anunciados por el Ministerio y se ha mostrado confiada en que esta tarde en la Sectorial llegará a un acuerdo en este sentido. Igualmente, el consejero cántabro, Ramón Ruiz, ha subrayado que este decreto "da tranquilidad y sosiego a muchas familias y alumnos" que tienen que acceder a la Universidad. "Esperamos decir a la salida que el diálogo ha triunfado y la comunidad educativa también", ha apostillado.

La consellera catalana, Meritell Ruiz, ha dado una rueda de prensa en la Delegación del Govern de la Generalitat en Madrid antes de acudir al ministerio, donde ha abogado por la derogación de la LOMCE por ser una ley "ideológica" y "pedagógicamente nefasta". También ha dicho que le va a reclamar al ministro la prórroga de la disposición adicional 38ª de la ley, que obliga a la Generalitat a pagar una plaza privada al alumno que no se le garantice el castellano como lengua vehicular en la red pública, porque "rompe con el modelo de escuela catalana".

El texto va más allá del anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de suspender los efectos académicos de estas 'reválidas' hasta que se alcance el Pacto educativo. En concreto, establece que la prueba de 4º de la ESO sea muestral y no la tengan que hacer todos los alumnos al final de curso y la de Bachillerato va a ser muy similar a la antigua Selectividad, con exámenes sólo de las troncales de 2º de bachillerato y no de los dos cursos de la etapa como establece la ley.

La nueva prueba de Bachillerato cuenta con el aval de CRUE Universidades Españolas, que solicitó al ministro que fuera lo más parecida posible a la PAU, lo mismo que reclamaron todos los directores generales de Universidades de las autonomías, incluidas las gobernadas por el PP.