Alonso, el ministro que logró dar las terapias de la hepatitis C a los afectados pero enfrentó a médicos y enfermeros

El hasta ahora ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, que sustituyó en el cargo en diciembre de 2014 a Ana Mato, va a ser recordado, entre otros motivos, por aprobar el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en 2015.

Se trata de una medida que llevaban años solicitando los pacientes y que, tras la aprobación y comercialización en otros países de nuevas terapias que por primera vez permitían curar su enfermedad, presionaron al Ministerio de Sanidad para aprobarlo en España y, así, tener acceso a las mismas. Hasta el momento, y según los criterios fijados en el plan, se han tratado con los nuevos tratamientos de última generación a 53.704 pacientes de toda España.

Ahora bien, el ministró aprobó una normativa que creó cierta controversia entre los profesionales sanitarios: el Real Decreto que regula el uso, indicación y autorización de medicamentos por parte de los enfermeros, conocido como 'prescripción enfermera'.

Una normativa bien acogida por los médicos, al considerar que la prescripción de medicamentos sujetos a prescripción médica es "inseparable" del diagnóstico, cuyo aprendizaje se adquiere en los estudios universitarios del grado de Medicina, por lo que "sólo es competencia del médico y, en su caso, del odontólogo y el podólogo".

Sin embargo, ha sido criticada por los enfermeros, quienes la tacharon de una "ilegalidad absoluta" que rompe con el Estado de derecho y avisaron de que vulnera la reforma de la Ley del Medicamento que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2009 para habilitar nuevas competencias a los enfermeros.

De hecho, el sindicato de Enfermería (Satse), UGT, CC.OO y CISF recurrieron el real decreto ante el Tribunal Constitucional, así como algunas comunidades autónomas como Navarra, País Vasco, Cataluña, Canarias o Baleares, entre otras.

Por otra parte, Alonso no ha implantado durante el tiempo que ha estado al frente del departamento de Sanidad el copago de medicamentos hospitalarios a pacientes que no estén hospitalizados, impulsado que impulsó Mato, pero sí devolvió la vacuna de la varicela a las farmacias y la incluyó en el calendario vacunal común infantil del Sistema Nacional de Salud, al igual que aprobó la venta en oficias de farmacia de la vacuna de la meningitis.

No obstante, uno de los asuntos que Alonso deja pendiente a su sucesor es la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, retirada con el Real Decreto 16/2012 y que, a pesar de que en marzo de 2015 el ministro anunció que se les volvería atender en las consultas de Atención Primaria, todavía no se ha producido.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

Respecto a las otras dos 'patas' del ministerio, las relativas a Servicios Sociales e Igualdad, Alonso ha seguido con los planes de su antecesora, sobre todo en lo relativo a una nueva Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que vio la luz hace exactamente un año, y con la que el Gobierno ha querido reforzar el sistema de adopción y acogimiento, las pensiones de orfandad, las condiciones de los centros de menores con trastornos de conducta o el derecho de escucha en los procedimientos judiciales, entre otros aspectos.

Esta ley ha traído consigo la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el que se incluyen los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales para evitar que todas estas personas que trabajen con niños.

Otras leyes aprobadas en este año y medio con Alonso como titular del Ministerio de Sanidad son las de Voluntariado y del Tercer Sector, concretamente en octubre de 2015, y que fueron aplaudidas por los colectivos a los que conciernen.

En cuanto a la Ley de Dependencia, con el hasta ahora ministro no ha habido demasiados cambios, salvo la entrada en el sistema de los 'dependientes moderados', en julio de 2015, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy retrasara su incorporación durante tres años. Además, la lista de espera de las personas con derecho reconocido que aún no cuentan con ninguna prestación se ha mantenido en el 30%.

En materia de familia, aprobó también en mayo de 2015 el Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF), que entre las medidas más importantes se incluyó la de dotar a las madres con dos hijos o más de más pensión.

En materia de violencia de género, bajo su mandato se ha producido un repunte de las víctimas mortales en 2015, 60 en total, catorce más que el año anterior. Además, se ha dado una de las tasas más altas de asesinadas con denuncia previa, concretamente un 43%, según los últimos datos.