AMP-Aumentan en 2016 los universitarios contratados para empleos de baja cualificación, hasta el 34,4%, según un estudio

El porcentaje de graduados universitarios contratados en 2016 para puestos que requieren una baja cualificación sube hasta el 34,4%, siete décimas más respecto a 2015 (33,7%) y más de cuatro puntos porcentuales si se compara con el año 2010, según el 'Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). La contribución de las universidades españolas al desarrollo'.

El documento, presentado este martes 12 de septiembre en Madrid, advierte de que el nivel de sobreeducación español es "relativamente elevado" y que esto se debe a que la estructura productiva de España no genera suficientes ocupaciones de alta cualificación, en comparación con los países de la Unión Europea. En cambio, España está a la cabeza de Europa en cuanto a la tasa de graduados universitarios.

En concreto, el informe revela que el 23,4% de los contratos realizados en 2016 por graduados universitarios fueron para tareas para las que bastaría con un nivel de educación secundaria --Bachillerato, ESO o FP de grado medio-- y que incluso un 8,8% de contratos fueron firmados para desempeñar ocupaciones elementales, para las que no sería necesario ningún tipo de estudios.

En total, de todos los graduados universitarios que estaban trabajando en 2016, el 36,8% lo hacían en puestos de baja cualificación frente al 23% de la media de la Unión Europea. España se sitúa en este ámbito sólo por detrás de Chipre (36,7%), es decir, es el segundo país con más sobreeducación.

Este desajuste entre la demanda de alta cualificación y una oferta insuficiente implica, según los autores de este trabajo, por un lado, la existencia de parados con estudios superiores y, por otro, la presencia de un cierto grado de empleo no encajado, esto es, que personas con un nivel superior de estudios trabajen en puestos para los que no se necesita un nivel de cualificación tan elevado.

Con datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en 2016, el 65,6% de los contratos firmados por graduados universitarios en España fueron para empleos de los grupos ocupacionales de alta cualificación --directores y gerentes, técnicos y profesionales científicos e intelectuales y técnicos y profesionales de apoyo--, mientras que el resto de los contratos realizados en 2016, el 34,4%, se corresponden con ocupaciones de baja cualificación.

Esta sobreeducación afecta más a los hombres que a las mujeres, ya que en el primer caso, el 35,1% de los contratos firmados por universitarios fue para realizar tareas de baja cualificación, mientras que en el de las graduadas este dato baja al 33,9%. Esta brecha se observa en los trabajos de muy baja cualificación, pues el porcentaje de varones graduados contratados para empleos en los que no se necesita ningún estudio llega al 12,1%, más de tres puntos por encima del dato general (8,8%).

Por comunidades autónomas, los menores niveles de sobreeducación se registraban en Navarra y Cataluña, mientras que en el extremo opuesto se encuentran en Castilla y León y Aragón. El aumento del nivel de sobrecualificación ha sido generalizado en la mayoría de las regiones, salvo en La Rioja, País Vasco, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra Por sexos, esta sobreeducación fue menor en 2016 para las mujeres universitarias que para los hombres en la mayoría de las regiones españolas, excepto en Aragón, Canarias, Madrid y Galicia.

"La sobreeducación no es un tema que cabe imputar la universidad exclusivamente", ha afirmado el coordinador del informe, Martí Parellada en la presentación, donde ha señalado que tanto la Administración como las universidades tienen una importante tarea en este sentido, empezando por analizar la situación laboral de los egresados de manera conjunta.

MEJORÍA PERO NO RECUPERACIÓN

Parellada ha celebrado que la universidad española se encuentra en un "punto de inflexión positivo" con la mejoría en varios aspectos, aunque todavía está "lejos" de los niveles previos a la crisis (2008-2009). Así, ha destacado el aumento de los ingresos liquidados de las universidades, por primera vez en el curso 2015-2016; la reducción del paro entre graduados, y el incremento del personal, tanto docente e investigador como de administración.

Junto al vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Solé, este investigador ha insistido en que las universidades españolas tienen que mejorar en todos los indicadores relativos a la investigación, en transferencia, orientación internacional --contratación de profesores extranjeros y oferta de grados en otros idiomas--. Asimismo, ha insistido en la necesidad de una mayor inversión: "No es posible mejorar sin aumentar los recursos públicos, que siguen un 20% por debajo del nivel de 2009".

CRECE EL PROTAGONISMO DE LAS PRIVADAS

Otro de los asuntos que destaca en la última edición del Informe CYD se refiere al crecimiento del número de universidades privadas, que, según los autores "están aumentando su protagonismo en el mapa universitario español, en particular en aquellas comunidades autónomas donde la creación de estas universidades se ha producido con mayor intensidad".

El porcentaje de matriculados en universidades privadas ha crecido en la última década y representan ya, en relación con el conjunto de las universidades españolas, el 13,5% del alumnado de grado y el 32,5% demáster. Asimismo, el documento constata que mientras que el aumento del personal docente e investigador (PDI) de las universidades españolas fue en el curso 2015-2016 del 2,4%, el aumento las privadas fue del 7,3.

Al igual que con los matriculados, los que egresan de universidades privadas también han aumentado su peso relativo en detrimento de las públicas. En 2015-2016, el 15,3% de los egresados de grados y el 32,2% de los titulados de máster provenían de centros privados. Sin embargo, el gasto en I+D siguió realizándose mayoritariamente en las universidades públicas (91,1%) muy lejos del de las privadas (5,9%).

Tras la presentación del informe a los medios, la presidenta de la Fundación CYD y del Banco Santander, Ana Botín, ha animado a los dirigentes de empresas y a los rectores allí presentes a "pasar a la acción" y tener en cuenta las "valiosas" iniciativas puestas en marcha por universidades, sus dirigentes, profesores y alumnos, que, a su juicio, "merece la pena materializar".

"La educación debe ser una prioridad para todos -universidades, administraciones públicas y agentes económicos y sociales- y, de forma particular, para las empresas, que compartimos espacios comunes cada vez más amplios con las instituciones educativas. Juntos afrontaremos mejor el futuro", ha aseverado.