Dos presos de ETA piden el fin de la lucha armada

Dos presos etarras, de la cárcel zaragozana de Zuera, Carmen Gisasola y Joseba Urrosolo, concretan en una carta que publican este jueves varios diarios vascos qué quería decir Batasuna con las declaraciones de Venecia y Alsasua de la semana pasada: ETA debe dejar las armas e integrarse en un frente político, no como líder, sino como "un vagón más".

"Cuando se habla de 'nuevos instrumentos políticos' se está queriendo decir que hay que dejar de utilizar el que ya no sirve: la lucha armada" explican en la misiva entregada a los periódicos Deia, Berria, Grupo Noticias y Gara.

En su opinión, aunque aseguran que es mayoritaria entre el colectivo de presos, los partidos políticos y la izquierda radical vasca, fue una minoría dentro de ETA la que hizo inviable el proceso de paz de la pasada legislatura que concluyó cuando los terroristas asesinaron a dos personas en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Algo que "no puede volver a ocurrir" en esta ocasión.

Gisasola y Urrosolo Sistiaga critican que Batasuna no fuera más explícita en las declaraciones que sus líderes hicieron la semana pasada y en la que se ofrecía una negociación.

Declaran los detenidos de Segi

Por otra parte, los 34 detenidos en la macro-operación llevada a cabo en la madrugada del martes en el País Vasco y Navarra contra la organización juvenil abertzale Segi comenzarán este jueves a prestar declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska.

En primer lugar declararán los detenidos contra los cuales existen menos indicios de responsabilidad penal y después los presuntos cabecillas de la organización.

Según el Ministerio del Interior, con esta operación, que llevaba varios meses preparándose, se puede dar por concluida "la casi total desarticulación de las estructuras clandestinas de Segi en España".

Segi es la organización juvenil vinculada al entorno de ETA que fue declarada terrorista por el Tribunal Supremo el 19 de enero de 2007 al considerarla seguidora de las también ilegalizadas Haika y Jarrai. De este modo, el alto tribunal culminó un proceso iniciado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien en febrero de 2002 declaró la ilicitud de las actividades de estas asociaciones.