Casi 45 millones de botín para los corruptos

Los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de LLavaneras y Badalona dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por tres 'pelotazos urbanísticos' desarrollada¡os por la presunta trama de corrupción desmantelada con la 'Operación Pretoria'. Baltasar Garzón ha enviado a prisión al presunto 'cerebro' de la trama, el ex diputado del PSC Luis García; los ex altos cargos de CiU Maci Alavedra y Lluís Prenafeta; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco.

Siete de los nueve imputados formaban "un grupo organizado de personas" dirigido por Luis García, al que Garzón cita como "consejero de facto o en la sombra", que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García.

La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán.

Además, se están investigando posibles irregularidades en otras actuaciones del Ayuntamiento de Santa Coloma, como el Parking y el Mercado del Fondo, Moraguas y Banús, entre otras.

En todos los casos los ayuntamientos afectados aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo de forma ilícita cantidades pagadas por los últimos.

Para asegurar la efectividad de la acción, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

"La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio", detalla Garzón, quien añade que seguidamente a la recalificación el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. De esta forma, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios en operaciones sin lógica comercial alguna.

Reparto de comisiones

Según el auto, los dos ex altos cargos de CiU habrían recibido al menos 637.590 euros por su mediación en las operaciones 'Niesma' y 'Badalona'. Tanto Prenafeta como Alavedra aprovechaban sus contactos en organismos oficiales para favorecer las actividades de Luis Casamitjana y su empresa Espais, que procedía al blanqueo de dinero y les pagaba comisiones por sus servicios.

Así, Espais y Promotora Catalunya Mediterránea pagaron a Poliafers (sociedad de Prenafeta) 1,4 millones de euros y éste entregó a Versabitur (empresa de Alavedra) 487.500 euros en 2005, cantidad muy superior a la que le correspondía (25.907 euros) por su participación a través de Promogroup Deu. Mediante esta empresa Alavedra habría recibido 1,2 millones de euros.

Por su parte, el ex diputado de PSC Luis García habría cobrado al menos 8,02 millones de euros por las operaciones en los tres municipios investigados. Era, según Garzón, uno de los máximos responsables de la trama y por sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde de Santa Coloma, se erigió en una especie de consejero que decide e imparte las decisiones de dicha institución.

El alcalde, Bartomeu Muñoz, habría recibido este año del empresario Manuel Carrillo 18.481 euros por la prórroga del contrato de limpieza y la esponsorización de unas actividades municipales. Además, Garzón le imputa la alteración del destino de 1,3 millones de euros de fondos de cohesión europeos a partir de la fabricación de una factura falsa justificativa. La actividad de la trama también habría beneficiado al empresario José Singla en varias adjudicaciones.

Variedad de delitos

Por todas estas actividades, el juez Garzón imputa a Alavedra y Prenafeta los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. A Casamitjana le acusa de estos mismos delitos más el de fraude fiscal y a Luis García los tres primeros más los de fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial.

Además, Garzón acusa al alcalde de Santa Coloma de Gramenet de asociación ilícita, cohecho, fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales y falsedad en documento oficial; a su concejal de Urbanismo de todos estos delitos menos cohecho, y al director gerente de Servicios de fraude y encubrimiento. Los otros dos empresarios son imputados por un delito de cohecho (Carrillo) y asociación ilícita y tráfico de influencias (Singla).