La violencia en Colombia se disparó en el primer año de funcionamiento del acuerdo de paz con las FARC

Cerca de cinco millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Colombia debido a una escalada de violencia "sin precedentes", pese a la desaparición de la principal guerrilla del país, las FARC, y a la masiva llegada de venezolanos por la escasez de bienes de primera necesidad y acceso a los servicios básicos en su país, según el balance de 2017 realizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

La OCHA ha señalado que "después de varios años de mejoras, en particular durante los últimos dos años de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, 2017 confirma un deterioro de varios indicadores humanitarios (..), a pesar de la expectativa de alivio para la población civil".

Desde 2012, cuando comenzó el diálogo con las FARC, se produjo una reducción histórica de la violencia, sin embargo, en 2017, en el primer año de implementación del acuerdo de paz, justo cuando esta disminución debería haberse agudizado, se ha producido la tendencia contraria.

De acuerdo con la OCHA, las acciones armadas repuntaron un 31 por ciento el año pasado, respecto a 2016, "un aumento desproporcionado de las incursiones y enfrentamientos entre actores no estatales" que se concentró en la región del Pacífico y en la frontera con Venezuela.

Este alza obedece a "una reconfiguración tanto en la presencia como en el accionar de los grupos armados existentes y de los territorios, como parte de las disputas para tener el control de regiones estratégicas y el interés en las economías ilícitas donde tuvo el control histórico las FARC".

Destaca el protagonismo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) --la segunda guerrilla de Colombia--, a pesar de que precisamente en 2017 inició su propio diálogo de paz y de que entre el 1 de octubre y el 9 de enero estuvo vigente una tregua bilateral con el Gobierno. Al ELN se suman grupos armados ya existentes, así como otros nuevos, y las bandas criminales, ha apuntado la OCHA.

Una de las consecuencias más notables de esta violencia es que los desplazamientos forzados superan las cifras de 2014, 2015 y 2016. El año pasado cerró con 17.918 nuevos desplazados, un 64 por ciento más que el año anterior. Las más afectadas fueron las comunidades indígenas y afrodescendientes, que representan un 73 por ciento de estas víctimas.

"Llama también la atención la situación de los líderes sociales y comunitarios y de los defensores de los Derechos Humanos", ha señalado. A fecha de 20 de diciembre se habían producido 73 asesinatos contra estos colectivos y en el 89 por ciento de los casos "el actor perpetrador no está determinado".

Esta situación de "violencia generalizada" ha impuesto aún más restricciones a la movilidad y al acceso a servicios básicos de educación, sanidad y saneamiento por parte de la población, así como el control de la situación humanitaria en las zonas afectadas.

HUIDA DE VENEZUELA

Al margen de los cambios en la "dinámica" del conflicto armado, la OCHA ha advertido del deterioro humanitario en la frontera con Venezuela. Migración Colombia calcula que hay unos 600.000 venezolanos, entre legales e ilegales, en el país "con vocación de permanencia".

"El flujo constante de la población entre los dos países se mantiene ligado a las necesidades humanitarias por la escasez de alimentos y medicina en Venezuela, la búsqueda de oportunidades de empleo, acceso a los servicios de salud y educación, al igual que algunos casos puntuales de solicitudes de protección internacional", ha explicado la OCHA.

Esto supone una carga casi inasumible para las localidades fronterizas, donde ya hay "dificultades" para acceder a los servicios básicos y se dan situaciones de abuso y explotación contra los inmigrantes venezolanos.

Estos dos factores --la violencia y la inmigración-- han hecho que 4,9 millones de personas en Colombia necesitan ayuda humanitaria y por ello la OCHA ha hecho una petición internacional de 156,5 millones de dólares.